Los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones gubernamentales como a la carencia de voluntad política para resolver el problema.

Así lo advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien destacó que en muchas ocasiones la falta de alternativas de desarrollo en comunidades remotas obliga a los integrantes de los pueblos originarios a unirse al crimen organizado, o ser torturados, desaparecidos o asesinados.

Tras su visita a México, del 8 al 17 de noviembre, la especialista filipina dio una conferencia de prensa, en la cual detalló algunos de sus hallazgos más importante,s luego de recorrer los estados de Chiapas, Guerrero y Chihuahua, donde se reunió con más de 200 representantes de 23 pueblos indígenas, así como con activistas y funcionarios de todos los niveles.

Cumplimiento de recomendaciones

Tauli-Corpuz indicó, en primer lugar, que el objetivo de su visita era examinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2003 por su antecesor en el cargo, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, así como evaluar la forma en que México ha incorporado sus compromisos internacionales con los derechos de los indígenas.

Aunque celebró que México haya tenido un papel protagónico en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la relatora especial lamentó que las comunidades originarias siguen siendo vistas únicamente como sujetos de interés público, pero no como titulares de pleno derecho.

En ese sentido, afirmó que el gobierno mexicano no ha adoptado medidas para garantizar el derecho de los pueblos autóctonos a disfrutar y controlar sus tierras, territorios y recursos naturales ni ha sido capaz de solucionar disputas en esta materia a través de las autoridades agrarias.

Por otra parte, Tauli-Corpuz indicó que los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y la libre autodeterminación están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, pero el ejercicio de esas garantías lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica. Pese a ello, saludó que diversas comunidades ya estén desarrollando sus propios modelos de autonomía.

Acerca del desarrollo económico de las comunidades aborígenes, la especialista destacó que, según datos oficiales del gobierno mexicano, 71.9 por ciento de los indígenas mexicanos viven en la pobreza o la extrema pobreza, una proporción mucho más alta que 40.6 por ciento de la población no indígena.

Uno de los aspectos centrales del informe de la relatora fue el de los megaproyectos y la falta de consulta a las poblaciones indígenas donde aquéllos se asientan.

Un ejemplo de ello, dijo, es que hasta 2013 había en México unas 2 mil 600 concesiones mineras, muchas de las cuales están situadas en comunidades originarias que nunca fueron consultadas al respecto ni otorgaron su consentimiento.

Durante mi visita, he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos, enfatizó.

Impunidad y violencia

Al destacar los altos niveles de impunidad y violencia que sufre la población, en general, y la indígena, en particular, dijo haber tomado nota de numerosos casos de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados en el país. Cuando se le preguntó cuál era la razón de que los derechos de los pueblos indígenas sean violados con tanta frecuencia, Tauli-Corpuz subrayó que hay falta de capacidad institucional para entender el tema, así como de recursos disponibles, pero también creo es falta de voluntad política, para resolver dicho fenómeno.