omo resultado de una resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los Valles Centrales de Oaxaca las comunidades indígenas zapotecas están siendo consultadas por el Estado mexicano sobre el uso y cuidado del agua para el campo. Esta consulta, como algunas otras de los pueblos indígenas realizadas en varias partes del país, se da sólo tras un largo camino de organización y demanda de las propias comunidades articuladas en la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Agua (Copuda), y se realiza en medio de la oleada de proyectos extractivos, agroindustriales e inmobiliarios que ha provocado centenares de conflictos en todo México, en un contexto de graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, en el caso de la Copuda la consulta no se lleva a cabo para valorar la implementación y consentimiento de grandes megaproyectos, sino que se trata de plantear que las comunidades indígenas puedan normar y autorregular el consumo y extracción del agua de los mantos acuíferos de la región. Aspecto que implica también el reconocimiento de derechos territoriales, y del derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas. Y es que en un monumental trabajo organizativo intercomunitario, Copuda ha creado y mantenido un sistema de gestión del agua que se ha convertido en una de las muestras ejemplares de gestión de los bienes comunes naturales en nuestro país. Este sistema, en efecto, no existía hace dos décadas, y hoy es una realidad. Incluye cientos de pozos de absorción y recarga de los acuíferos; comités de agua por comunidad; coordinaciones que comunican los esfuerzos de 16 comunidades; reglamentos, vigilancia y autorregulación para un uso moderado y controlado de manera colectiva.
De la misma manera se apuesta por la recuperación de prácticas de cultivo que ahorran y hacen más eficaz el uso del agua. El trabajo que las comunidades han hecho en las últimas décadas es consecuencia de un decreto de veda impuesto en la región desde hace una generación, por el que se les restringe a los pueblos el uso del agua. Lo que en los hechos ha afectado la práctica tradicional agrícola de la zona y la vida tradicional de sus habitantes, orillando a la pérdida de trabajo en el campo, e incentivando la migración. Dicho decreto de veda impide el aprovechamiento de pozos agrícolas que permanecían en una larga sequía, hasta que la gestión y creatividad de las comunidades revirtieron la escasez de agua que ahora la Comisión Nacional del Agua no les permite utilizar.
Por ello, mientras los agricultores comenzaron los trabajos por los que ahora se les conoce como sembradores de agua, organizaciones sociales como Flor y Canto han acompañado la lucha jurídica que ahora desemboca en la consulta sobre la posible modificación del decreto de veda, al mismo tiempo que se avance en el reconocimiento de su propio sistema de gestión comunal. Lo que permitiría cumplir así con el derecho de acceso al agua, reconocido en el artículo cuarto de la Constitución. La lucha de la Copuda por defender el agua y la vida de sus comunidades, así como el proceso de consulta por la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias e instancias gubernamentales federales, es una oportunidad para que el Estado mexicano pueda reorientar su relación con los pueblos indígenas, o al menos enviar una señal positiva en esa dirección.
Debería quedar claro que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, y que en esta consulta es fundamental que se respeten la cultura, los tiempos, y los usos y costumbres de las comunidades que decidirán. También es fundamental el monitoreo minucioso de la ciudadanía y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Lo que cobra sentido teniendo en cuenta que en otras consultas ya realizadas en nuestro país, las autoridades insisten en desplegar recursos y artimañas para que el cumplimiento de las resoluciones judiciales se conviertan en un mero trámite formal, por el que, obligadas por las leyes, y sin mayor voluntad política, se niegan a cumplir con sus responsabilidades. O las utilizan para legitimar proyectos de inversión que atentan contra los territorios indígenas y vulneran derechos humanos, así como las prioridades o preocupaciones expresadas por los pueblos y comunidades al exigir su derecho a la consulta.
El proceso de Copuda, y su sistema comunitario de gestión del agua, abre la pregunta de si el gobierno federal, una vez más, desviará su demanda central y dará una respuesta meramente burocrática, o si reconocerá al sistema comunitario como una manera exitosa, viable y sostenible de gestión y uso del agua. Significa también una oportunidad para que el Estado, en su propia visión de la consulta, integre el derecho a la autodeterminación y al territorio que tienen los pueblos indígenas, o por el contrario la reduzca a un procedimiento legal de importancia secundaria que desprecia a los pueblos, a sus modos de organizarse y a sus formas de reproducir y cuidar la vida, además de reforzar las brechas de desigualdad en la región.
La resistencia de la Copuda, cuyo esfuerzo fue recuperado en la reciente Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio (http://bit.ly/2AKtpoG ), muestra una alternativa. Será fundamental seguir de cerca el proceso y poner atención en el debate que de manera informal e implícita discutirá si sólo el Estado puede implementar la gestión de los bienes comunes naturales imprescindibles como el agua, o si existen otros modos y formas, en este caso comunales, que la hagan posible. La respuesta práctica de las y los campesinos indígenas zapotecos es a este respecto un rotundo sí, abriendo con ello un horizonte de esperanza y creatividad que nos hace voltear la mirada hacia las enseñanzas de Oaxaca.
