Madrid.

Los tribunales de justicia de Bélgica anunciaron ayer que aplazaron su decisión sobre la entrega al Estado español del ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros refugiados en Bruselas. Se citó a los abogados de ambas partes a presentar sus alegatos el próximo 4 de diciembre, y después un magistrado tendrá 10 días para tomar una decisión, que podrá ser recurrida dos veces.

Puigdemont y sus consejeros fueron requeridos por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el pasado 28 de octubre por cargos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia por haber impulsado desde el gobierno el proceso de secesión de Cataluña y posteriormente declarar unilateralmente la independencia.

La justicia belga decidirá en primera instancia sobre la petición de entrega hecha por el Estado español, en virtud de los acuerdos de cooperación que rigen en la Unión Europea, después de escuchar los argumentos de los abogados de los catalanes y de la fiscalía de Bélgica. La semana anterior el gobierno solicitó detalles sobre la situación del sistema carcelario español, incluidas las condiciones de los presos, los riesgos a su integridad física y cuántas comidas hacen al día.

Durante la vista judicial, los líderes catalanes no testificaron. Cuando se dictamine si Bruselas acepta o no la extradición, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrir la decisión dos veces. El proceso se puede alargar dos meses, es decir, si el proceso sigue su curso y los abogados de Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret deciden agotar los recursos, la decisión final se podría adoptar hasta el 4 de febrero, prácticamente un mes y medio después de las elecciones autonómicas.

Puigdemont, al igual que los ex consejeros, formarán parte de las listas electorales que presentarán los partidos independentistas para los comicios. El ex mandatario encabezará la lista del Partido Demócrata de Catalunya (nacionalistas conservadores), que en esta ocasión se presentará con la marca electoral Junts por Catalunya. Las otras dos fuerzas soberanistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura de Unidad Popular, están negociando para formar un frente común, con el fin de anular la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permitió al gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, cesar al gobierno en pleno, disolver las cortes y convocar a elecciones el día posterior al se declaró la independencia unilateral.

Con este escenario cabría la posibilidad de que Puigdemont sea electo presidente de la Generalitat. Se encuentra en Bruselas y en espera de que se resuelva su entrega al Estado español.

La lideresa de ERC, Marta Rovira, aseguró que su partido tuvo que ralentizar el proceso de secesión, a lo que se comprometió por amenazas que dice haber recibido del gobierno de Rajoy, quien habló de sangre y muertos en las calles.

Rovira admitió que la acusación, sin prueba concretas, se hizo llegar a ERC por múltiples vías. Aseveró que no puede dar los nombres de las fuentes que le hicieron llegar esos mensajes.

En respuesta, Rajoy aseveró que lo dicho por Rovira sobre las amenazas es una enorme mentira. No hay calificativos que tenga para aplicar a esa información. Dejémoslo en que es absolutamente falso. Creo que en la vida no vale todo. Cada uno puede defender sus posiciones como quiera, pero esto es intolerable.

Ante ello, el vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, expresó: “Los dirigentes secesionistas se han acostumbrado a mentir, dijeron que el procés no provocaría efectos económicos, que tendrían apoyo europeo, que las estructuras del Estado estaban totalmente organizadas… Mentira tras mentira. Es una burda patraña”.