Al presentar su informe final sobre las irregularidades detectadas durante el pasado proceso electoral en el estado de México, la iniciativa ciudadana Ni un fraude más consideró que el priísta Alfredo del Mazo ocupa la gubernatura de esa entidad por voluntad del poder, a partir de un esfuerzo generalizado, sistemático y coordinado para violar tanto la libertad como la autenticidad del sufragio durante el proceso del 4 de junio.

Los integrantes de la organización, como John Ackerman, Asa Cristina Laurell e Irma Eréndira Sandoval, acusaron a las autoridades electorales locales y federales de haber actuado parcialmente en favor del candidato del PRI”, al desdeñar las denuncias presentadas, como la distribución de tarjetas de débito Banorte, con 2 mil pesos, y el desvío de 1.6 millones de pesos de OHL a la campaña de Del Mazo.

En Casa Lamm indicaron que durante el mando de Santiago Nieto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales hizo algún esfuerzo por investigar, pero esto se frenó con la destitución del funcionario. Si a las autoridades electorales les preocupara salvaguardar la democracia, tendrían que haber anulado el supuesto triunfo de Del Mazo, consideraron.

Numerosos actores políticos, privados y gubernamentales movilizaron enormes cantidades de recursos para comprar conciencias, coaccionar a votantes y amedrentar y confundir a la ciudadanía en favor del priísta y en contra de la entonces candidata de Morena, Delfina Gómez, contra quien se hizo guerra sucia, destacó Ni un fraude más.

Mencionó que hubo condicionamiento de programas sociales, como Prospera y Salario Rosa; promoción ilegal de obras de gobierno y movilización de funcionarios públicos de alto nivel y empleados de las distintas ramas gubernamentales.

Guerra sicológica de miedo

Además hubo una suerte de guerra sicológica de miedo, combinada con violencia física directa contra los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad, destacó. Asimismo, una sistemática presión corporativa sobre transportistas, maestros, trabajadores del sector salud e integrantes de organizaciones sociales para hacer proselitismo por el tricolor.

Consideró que hubo un muy probable rebase del tope de campaña, al grado de que durante los tres días de veda electoral se mantuvo una intensa y costosa promoción en su beneficio.