Para las víctimas de tortura sexual durante el operativo en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, la reparación del daño no se limita a una solución amistosa o una indemnización económica. La única forma posible que vislumbran para "recuperar” 11 años de su vida es que realmente se alcance la verdad sobre lo que sucedió y se haga justicia.

Al comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), cinco de las 11 denunciantes del Estado mexicano ante ese organismo insistieron en la necesidad de que se profundice en la cadena de mando para sancionar no sólo a los que ejecutaron el operativo, sino también a quienes lo diseñaron e implementaron. Asimismo, demandaron que el Estado mexicano brinde garantías de no repetición de hechos similares, pues aseguraron que la violencia sexual contra las luchadoras sociales es una práctica sistemática de las autoridades mexicanas.

Exigieron que el Estado reconozca los agravios no sólo contra las 11 mujeres denunciantes ante la Coridh, sino a las más de 240 personas detenidas de manera arbitraria y agredidas por los elementos policiacos durante el operativo. Otra demanda es que, con el apoyo de las autoridades, se ponga en marcha un centro de acompañamiento y documentación independiente que acompañe a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual y sus familias en cualquier parte del país, con un enfoque de derechos humanos, integral y donde se atiendan las necesidades médicas y sicológicas, y se les brinde asesoría legal.