La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada ayer por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, es un primer paso para confrontar este flagelo, pero per se, no resolverá ese delito; para ello se necesitará de la voluntad política y los recursos necesarios para su adecuada implementación, expusieron familiares de víctimas, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil.

Para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, esta legislación es un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas.

Por medio de un comunicado, el ombudsman resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de la normativa y la necesidad de que los gobiernos y los congresos estatales tengan voluntad política para cumplirla.

Las prioridades en su instrumentación, agregó, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar, así como la reparación integral del daño a las víctimas y conocer la verdad, pues sólo así se evitará la repetición de estos hechos condenables.

Por separado, en un foro sobre desaparición forzada que se realizó ayer en el Instituto Mora, Araceli Rodríguez, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, subrayó que la ley sienta un precedente, aunque es perfectible.

Es un reto, un gran logro de las familias que llevamos a cuestas el dolor de las desapariciones, agregó.

Rodríguez aseveró que la nueva norma abrirá las esperanzas y los caminos para seguir en las búsqueda de sus desaparecidos. Tenemos que seguir siendo los ojos incómodos y coadyuvar con las autoridades para la implementación de la ley.

En su turno, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, consideró que la ley es un paso importante, pero por sí misma no va a solucionar la desaparición de personas.

Para ello, agregó, se necesitan varias condicionantes, como son voluntad política de las instancias gubernamentales, particularmente las estatales; la profesionalización de quienes la apliquen, y recursos suficientes para su implementación, entre otros.