Yautepec, Mor.

Ante las voces acusadoras de que fueron sólo colectivos de familiares de desaparecidos a modo los convocados para reunirse ayer con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró: “La invitación fue abierta a quienes más participaron para lograr la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada ayer mismo por el jefe del Ejecutivo federal.

Fueron grupos que estuvieron en el Senado, en la Cámara de Diputados, con nosotros durante largas jornadas, a quienes se convocó, los que más participaron.

Y fue cerrada, subrayó, porque el presidente Peña pidió tener una reunión antes (de promulgar la ley), un diálogo con esas organizaciones, de mujeres la mayoría.

Por eso se hizo de esta manera la reunión; el Presidente las escuchó ampliamente y las organizaciones reconocieron el logro de la instrumentación de esta ley, como una base de cómo debe procederse hacia adelante.

Entrevistado durante la gira de Peña Nieto en este municipio para entregar tarjetas de débito a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, Osorio Chong admitió en que las desapariciones es un problema de Estado.

Sí, y por eso debía tener una respuesta de Estado. No podía ser sólo el esfuerzo de, por ejemplo, la Ciudad de México o de alguna otra entidad. Esa desarticulación no permitía tener un censo, no permitía protocolos homogéneos para localizar a las personas, planteó el funcionario.

Hoy, añadió, la nueva norma obliga a ver el problema como tema de Estado, donde todos en su conjunto participan en la solución.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizó una gira de trabajo por el municipio de Yautepec, estado de Morelos, donde entregó tarjetas de débito a personas damnificadas por el terremoto del pasado 19 de septiembreFoto tomada de la cuenta de Twitter del funcionario

De hecho, el propio Osorio Chong anticipó que la próxima semana tendrá una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores para decirles lo que ahora les toca en su responsabilidad y que obligadamente tienen que hacer. Esto ya no es una solicitud o una petición. Es lo que la ley marca que debe realizarse en cada entidad y en las cuales está el mayor de los problemas, porque es ahí donde se tiene que hacer la búsqueda.

Esta nueva norma, insistió, obliga a todos y coloca a las diversas instancias públicas en una circunstancia de apremio respecto a que ya se debe actuar. Por sí sola, la ley no va a solucionar el problema. Esto corresponde a su instrumentación y a tener los protocolos correspondientes desde el ámbito federal a partir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Al insistirle respecto de si la nueva legislación responde a las expectativas de las víctimas, refirió la aprobación unánime conseguida por la misma en el Congreso, las numerosas reuniones con diversos colectivos para su formulación y en la definición de histórica concedida ayer a la ley por Jan Jarab, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Al clasificar el tipo de desaparición, realizar el censo correspondiente y los protocolos de búsqueda, explicó, ya no habrá obstáculos para los familiares que llevan la pena por muchos años, que van de oficina en oficina sin ser escuchados, y se entra en otra etapa que, si se localiza a sus familiares, les dará paz y descanso a las familias de las víctimas de estas acciones atroces.