Las investigaciones involucran a autoridades municipales, estatales y judiciales
Amnistía Internacional e Indignación lamentan que los delitos permanezcan en la impunidad
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 13
Mérida, Yuc.
Amnistía Internacional y el equipo Indignación dieron a conocer este miércoles un informe sobre detenciones arbitrarias y torturas perpetradas en el estado, el cual documenta acciones inconstitucionales de elementos judiciales y policiacos, violatorias de los derechos humanos. Asimismo, se dieron a conocer hechos de violencia contra diversos grupos sociales en que incurrieron autoridades municipales, estatales y judiciales de Yucatán.
Martha Capetillo, integrante del equipo Indignación, y Carlos Zazueta, de Amnistía Internacional, documentaron distintas acciones de agentes de seguridad pública y elementos judiciales que derivaron en muertes que se mantienen impunes.
En el informe, Zazueta destacó que un alto porcentaje de las 2 mil corporaciones policiacas existentes en México no cubren las expectativas de seguridad que tiene la población, además de no estar debidamente capacitadas para realizar su trabajo.
Consideró además que las policías mexicanas no están calificadas para cumplir con su labor debido a múltiples factores, entre ellos el desconocimiento de la ley, así como su falta de certificación y medición de sus condiciones sicológicas y sociales.
Por su parte, Martha Capetillo informó de numerosos hechos que implican a elementos de seguridad pública municipales, estatales y judiciales quienes no tienen capacidad para aplicar medidas específicas en detenciones, ya que no cuentan con protocolos adecuados, siembran pruebas, ocultan información y con esto dañan el cabal proceso judicial.
Se refirió a agresiones contra ciudadanos ocurridas en 2010, 2015 y 2016 en los municipios rurales de Tekax y Temax, así como en Mérida, que terminaron con las muertes de dos personas provocadas por torturas en celdas municipales. También mencionó un incidente en la comunidad rural Chablekal, donde agentes policiacos perpetraron detenciones ilegales, abuso y tortura.
Destacó que al igual que en otros estados, la policía de Yucatán no aplica los protocolos establecidos para dar protección a los ciudadanos y con ello viola los derechos humanos.