menos de un mes de que Agustín Carstens deje el Banco de México, con su pretendida suficiencia académica, les planteó a dirigentes de organismos empresariales que el aumento al salario mínimo general debe ser prudente: no se pueden aumentar (los salarios) de manera sostenida por decreto, hay que respaldar cualquier aumento que se quiera a través de mayor productividad
, agregó que de tal forma que no se vuelva en sí mismo un impulso a la inflación
. La respuesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue apoyándole: señaló que es necesario elevar los salarios pero debemos ser responsables en las negociaciones contractuales del próximo año
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Tanto en el consejo de Carstens como en la respuesta empresarial prudencia y responsabilidad se usan en un sentido muy particular, pretendiendo que lo principal en materia salarial es cuidar el incremento de precios. Irresponsable e imprudentemente se oculta que los salarios son la remuneración al trabajo y que tienen que ser suficientes para que un trabajador mantenga dignamente a su familia. En sentido estricto cumplir con ese mandato constitucional no es, ni puede ser, inflacionario. Se trata de una obligación ineludible, que debe ser conseguida no por decreto, sino a través de la negociación entre los sindicatos y los organismos empresariales convocados por el gobierno federal en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
El planteamiento de Carstens se da en el momento preciso en que se discute un aumento a los mínimos legales. Entre los organismos empresariales existen posiciones divergentes: Coparmex ha planteado que el salario mínimo debe llegar a 95.84 pesos, que para ellos se ajusta a la línea de bienestar y que no tiene por qué generar inflación, en tanto que Concanaco propone un incremento prudente
que lleve el salario mínimo a 90 pesos diarios. El Consejo Coordinador Empresarial sin manifestarse por ninguna cantidad ha señalado que necesitamos que el salario recupere el poder adquisitivo
. En esa divergencia Carstens incide promoviendo que el incremento salarial sea menor al que demandan los trabajadores.
En el control de la inflación, los aumentos salariales acordados en la Conasami durante muchos años han seguido la regla de ajustarse a la inflación esperada y no a la observada, de modo tal que sostenidamente el salario ha perdido capacidad adquisitiva. Se ha demostrado reiteradamente que los incrementos han estado permanentemente por debajo de los aumentos de la productividad. Sin embargo, el criterio que ha prevalecido es el que impulsa el Banco de México, esto es, usar los salarios como ancla nominal de la inflación.
El crecimiento de los precios entre 2008 y 2015 había mostrado una trayectoria clara hacia la baja, llegando a su límite menor en diciembre de 2015 con una inflación anual cercana a 2 por ciento. Los incrementos desmedidos a las gasolinas rompieron la trayectoria descendente llevando la inflación a niveles superiores a 6 por ciento anual. La razón aludida por las autoridades hacendarias para incrementar los precios de los energéticos, que tienen un reconocido efecto en cadena sobre múltiples precios por su carácter de insumo de uso generalizado, fue la necesidad de incrementar los ingresos públicos.
Pese a las protestas sociales, entre las que no se encontraban la del BdeM a quien debiera haberle preocupado el impacto inflacionario de la medida, los aumentos persistieron y hasta la fecha la inflación no ha regresado a su tendencia anterior. Carstens ha insistido en que la inflación recuperará su ritmo descendente. Incrementar los mínimos legales a niveles cercanos a los cien pesos resulta necesario para que los trabajadores recuperen paulatinamente lo que han perdido en décadas de contención salarial. Se trata de un aumento que los empresarios aceptan en diversos montos. Es no sólo imprudente e irresponsable socialmente no hacerlo, sino terriblemente injusto.
