n 2018 se cumplirá un siglo de reformas electorales en México. Desde que Venustiano Carranza firmó la Ley para la Elección de Poderes Federales hasta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LOPPE) de 2006-2007 hemos tenido ocho leyes distintas, cada una de ellas fue reformada por lo menos dos veces.
En l977, el presidente López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quisieron ver en una nueva ley electoral la clave para detonar la formación de un auténtico régimen pluripartidista; luego, confiamos la transición al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, Cofipe, de 1989-1990 y hasta ahí todo funcionó muy bien. Lamentablemente, desde entonces hasta la fecha, engolosinados con el éxito relativo de esta legislación hemos querido recurrir a este expediente para resolver problemas de toda naturaleza que poco tienen que ver con la organización de los procesos de elección popular. Peor todavía, creemos que una fórmula electoral es lo que necesitamos para recuperar la fe en un personal político que en realidad se ve ya muy cansado.
Lo único que hemos logrado al sobrecargar el aparato electoral con responsabilidades y expectativas excesivas ha sido construir un elefante blanco, el INE, que está abrumado, y convertir la representación en una especie de cubo Rubik en el que distraídamente buscamos soluciones para todo.
El sufragio universal es no sólo un principio político, sino un principio de orden moral que se funda en el reconocimiento de la igualdad esencial de los seres humanos. Sin embargo, la práctica del sufragio universal supone una serie de problemas que las democracias han enfrentado de diferentes maneras; por ejemplo, el siglo XIX francés es una historia en la que se alternan los momentos en que rige el sufragio universal, con otros en que el voto se restringió con base en el argumento de que un buen ciudadano era el que tenía propiedades que proteger, entonces podía anticiparse que actuarían responsablemente. También se limitó la participación con base en la capacidad para leer y escribir; es decir, sólo los no analfabetas podían votar. Por ejemplo, pocos lo recuerdan, pero en 1917 la Primera Comisión Constitucional del Congreso Constituyente mexicano consideró que las circunstancias justificaban la introducción del sufragio restringido, pero el apoyo de las masas campesinas a la lucha revolucionaria exigía la adopción del sufragio universal.
La élite política echó mano del reformismo en 1946 para organizar la participación en las urnas; pero también para definir el perfil de los votantes, de los partidos, y, en última instancia del régimen político en su conjunto, dado que estableció las condiciones para que la participación ciudadana fuera canalizada en organizaciones estables y representativas de la diversidad política de la sociedad, los partidos. No obstante, la oposición del sector obrero a la representación de la pluralidad habría de posponer ese objetivo, por lo menos 40 años. Las leyes y reformas posteriores sugieren que la preocupación de sus autores, normalmente el presidente de la República, no era extender la participación, sino mantener el control de los votantes y de las opciones que se ofrecían al electorado.
El mérito de la LOPPE de López Portillo fue que estuvo dispuesta a abrir la participación electoral a todos los ciudadanos, sin distinciones partidistas. El mismo espíritu orientó la elaboración del Cofipe; no obstante, el objetivo fundamental de esta ley, y de la legislación posterior, era y ha sido, la protección contra el fraude, de ahí la complejidad del ordenamiento, sus oscuridades y sus dimensiones.
Estamos convencidos de que nuestra experiencia con el reformismo electoral es presuntamente un éxito porque –según nosotros– ha sostenido un sistema político abierto. Sin embargo, lo que no ha logrado es combatir el fraude que es una de las formas de expropiación del voto que en México ha utilizado la élite en el poder. ¿No será que el objetivo oculto de esa legislación es, como en el pasado, restringir la participación?
