s un notable avance que una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ordenado al Congreso de la Unión que cumpla con lo que debió haber hecho desde 2007 y, con más especificidad, desde abril de 2014: expedir una ley reglamentaria de lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución, de tal manera que haya transparencia en la asignación de convenios publicitarios con los medios de comunicación masiva y se evite el uso discrecional de esos recursos para restringir la libertad de expresión de medios y periodistas y el de la sociedad en general a estar adecuadamente informada.

El octavo párrafo en mención establece que La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (https://goo.gl/HWQwpy ).

Como suele suceder en el México de las muy bonitas leyes que no tienen ninguna aplicación en la práctica, en la nada quedó ese párrafo que se pretendía depurador de las históricas relaciones fangosas entre el poder político y los medios de comunicación. No pago para que me peguen, ha sido la verdadera regla imperante en esas relaciones, conforme a la famosa frase pronunciada por José López Portillo, aquel presidente de la República priísta (1976-1982) que en el colmo del autoritarismo asumía el presupuesto federal de comunicación social como dinero de manejo discrecional, personal.

El retorno del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos trajo consigo las peores prácticas de control de los medios por medio del dinero, mejoradas y aumentadas. El peñismo ha gastado más de 38 mil millones de pesos, de 2013 a agosto de este año, en la compra de espacios en los medios de comunicación, a puro dedo cesarista, sin cumplir aunque fuera formalmente con las obligaciones legales establecidas para los contratos del gobierno con otros proveedores de servicios. Premio presupuestal para los amigos y castigo en seco para los críticos u opositores. El centro de investigación y análisis Fundar ha hecho saber que la administración peñista se ha sobregirado casi en 72 por ciento respecto de lo que en materia de comunicación social le ha autorizado el Congreso federal. En los estados, en la relación de gobernadores con medios, la historia es similar.

Pero los controles gubernamentales sobre una gran mayoría de los medios de comunicación van más allá de lo demostrable en términos documentales. Aparte de asignarse en razón del sometimiento o relativa independencia de cada medio, los convenios de publicidad gubernamental sirven (en términos de cuantía y oportunidad de pago) para promover e imponer líneas editoriales que deberían ser ajenas a los vaivenes comerciales.

Destacar en las portadas de los impresos o en las entradas de los programas de radio y televisión determinado asunto, enfoque y declarante, es un agregado fundamental, no escrito en ningún contrato pero sobreentendido y cumplido puntualmente en muchos medios. La propaganda formal de los gobiernos, aún suponiendo que cumpliera con los requisitos constitucionales de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, constituye, en la realidad política mexicana, un instrumento de pago indirecto de los manejos políticos que de ahí se pueden derivar.

Además, en lo que va del presente sexenio se han privilegiado fórmulas tajantes de control por fuera de los marcos contractuales: la entrega cupular de dinero en efectivo y la conversión de personajes de los medios en empresarios que de la noche a la mañana constituyen razones sociales que reciben generosos contratos por obras y servicios de los cuales el periodista-empresario no tenía ni idea antes de iniciarse en tales negocios. Y, desde luego, subsiste, muy fortalecido, el histórico entendimiento de poderosos empresarios, dueños de medios de comunicación, con el poder público que les asigna importantes contratos en rubros distintos del periodístico.

La resolución tomada ayer por cuatro votos contra uno, en una sala de la Suprema Corte, tuvo como referente la diligencia judicial promovida por Artículo 19, organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. Sin embargo, los ministros han dejado a salvo el libérrimo ejercicio de ese presupuesto federal de comunicación social que ya ha ejercido el peñismo, pues no estableció ningún castigo a quienes han colocado a la sociedad mexicana, cuando menos desde 2014, en una situación de deterioro de su derecho a la información, con el dinero público como mecanismo de amordazamiento de los medios masivos de comunicación.

Tampoco afectará al peñismo lo que apruebe el Congreso federal a más tardar en abril del año próximo, pues para entonces ya se habrán negociado y estarán en curso los convenios de publicidad que, conforme a esa lógica de perversión, condicionarán la conducta de los principales medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, respecto de las elecciones del primer día de julio de 2018. Ah, y desde luego, falta ver el texto que finalmente aprueben los partidos dominantes respecto a esa ley reglamentaria...

Y, mientras Enrique Peña Nieto agrega a su historial de geografía equívoca el llamar Paraguay a Uruguay, en presencia del presidente de este país, ¡hasta mañana, con Miguel Ángel Mancera convocando al líder supremo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a frenar el bloqueo de actividades en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México!

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