Buenos Aires.

Diputados del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, denunciaron penalmente al ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, amigo muy cercano del presidente, Mauricio Macri, por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

Como en el caso de los Papeles de Panamá –la primera filtración sobre empresas offshore donde aparecieron involucrados Macri y varios de sus funcionarios– ahora figuran, además de Caput el ministro de Energía, Juan José Aranguren, así como otro grupo de macristas en los Papeles del Paraíso. El titular de Finanzas aparece como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales.

En otro orden, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) firmaba con el gobierno una reforma laboral que el resto de centrales sindicales y gremios de esa propia organización rechazan, miles de manifestantes de movimientos sociales marcharon en esta capital y algunas provincias del país, en el inicio de la jornada mil ollas populares en reclamo de la urgente ley de emergencia alimentaria.

Denunciaron que 48 por ciento de niños bonaerenses están desnutridos y también rechazaron las reformas laboral, previsional y tributaria que incrementarán la grave situación social.

La jornada de lucha convocada por la Confederación de la Economía Popular a la que se unieron Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y otros movimientos, organizaron varias ollas populares en el Obelisco, en pleno centro de la ciudad, y luego se dirigieron a Plaza de Mayo y afuera del Congreso exigieron la aprobación de la ley de emergencia alimentaria que duerme en el Legislativo desde el año pasado.

Los trabajadores de la economía popular salimos a las calles ante la grave situación que se vive en los barrios populares, que se agrava por el constante aumento de personas que asisten a los comedores populares, y ya no hay dinero para sostenerlos, y esto se agravará ante las reformas que quiere imponer el gobierno, dijeron los dirigentes. Faltarían 10 mil millones de pesos anuales para cubrir los comedores, adonde se añaden cada día más personas desocupadas.

El gobierno ratificó que habrá más despidos en el sector estatal, y replicó a las movilizaciones con el anuncio de que no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y trabajadores estatales, pero si se dará una suma fija a algunos movimientos sociales.