En México se registran alrededor de 400 mil accidentes de tránsito al año, señalaron organizaciones no gubernamentales, entre ellas World Resources Institute (WRI) México, las que exhortaron a la Cámara de Diputados aprobar la Ley General de Seguridad Vial..

En conferencia de prensa indicaron que la cifra referida, 13 mil son atropellamientos y más de 16 mil personas, en general, perecen por esta causa; es decir, todos los días mueren 44 personas y 86 resultan gravemente lesionadas por siniestros vehiculares, los cuales podrían prevenirse si existiera una legislación que disminuya los factores de riesgo mediante la generación de sistemas viales seguros,

Los percances de tránsito tienen la magnitud de problema de seguridad pública en este país, pues son la primera causa de muerte en niños y jóvenes de entre recién nacidos y 24 años, y adultos de 25 a 34 años, de acuerdo con cifras oficiales; 75 por ciento de las personas con discapacidad grave por accidentes vehiculares no han vuelto a encontrar empleo, dijeron.

Las acciones específicas que rigen el contenido de esta ley son gestión de seguridad vial, infraestructura vial, uso de vehículos más seguros y atención médica prehospitalaria.

Además, su finalidad es crear la agencia nacional de seguridad vial como organismo público descentralizado, sectorizado por la Secretaría de Gobernación, el cual, entre otras funciones, formulará el plan nacional de seguridad vial, a fin de garantizar el desplazamiento garantizado de todos los usuarios de las vías públicas.

Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México; Fernanda Rivero, presidenta de México Previene; Arturo Cervantes, catedrático de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac; Francisco de Anda, especialista en seguridad vial, así como Salvador Saavedra, experto en normas de autotransporte, coincidieron en señalar que cada entidad de la República tiene su propio reglamento de tránsito siendo en ocasiones incompatibles entre ellos.

Dijeron que a pesar de existir una estrategia nacional de seguridad vial con diferentes actores involucrados, como las secretarías de Gobernación, Educación, Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública, entre otras, en la actualidad las acciones no están articuladas. Al respecto, añadieron que son necesarios mecanismos reconocidos jurídicamente para sistematizar y coordinar los esfuerzos y acciones de los tres niveles de gobierno y sus competencias para la correcta instauración de sistemas viales seguros.

Reiteraron que la Ley General de Seguridad Vial es un primer paso para disminuir las muertes y lesiones graves en hechos de tránsito en calles y carreteras del país, para así cumplir con los objetivos que México prometió en 2011, cuando suscribió el Decenio de Acción por la Seguridad Víal, en el cual uno de los principales compromisos fue reducir las muertes y lesiones por esta causa en 50 por ciento.

Añadieron que a escala mundial existen innumerables ejemplos de cómo una política nacional en este tema disminuye accidentes de tránsito y los previene. Destaca la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, surgida en 2008 por iniciativa presidencial.

Ésta, en su primer año logró disminuir en casi 10 por ciento las muertes en hechos de tránsito y lograr la tasa de fallecimientos por incidentes viales más baja de América Latina, con 12.6 muertes por cada cien mil habitantes. En México, este índice, explicaron, es de 13.3 fallecidos en las calles por el mismo número de habitantes.