Querétaro, Qro.

Un mes y medio después de que Marco Lora Galindo cayó con todo y taxi en uno de los dos socavones que se abrieron en la calle Prolongación Camelinas y perdió la vida, no hay sanciones a funcionarios ni a constructores, pese a que se han detectado irregularidades en su construcción, como el desvío de un cauce natural de agua del bordo Azteca, falta de supervisión y omisiones en permisos para su edificación y funcionamiento, denunciaron las abogadas Mónica Plaza y Verónica Garfias, así como el hermano del occiso, quienes demandan reparación del daño patrimonial y moral.

La madrugada del 27 de septiembre, Marco circulaba en el taxi que trabajaba desde hace dos años sobre Prolongación Camelinas, en esta capital. Aproximadamente a las dos de la madrugada se comunicó por teléfono con un amigo para pedir auxilio, porque –le dijo– cayó en un hoyo. Había mucha agua y no podía salir, relató Rafael Lora, hermano del fallecido. El amigo le sugirió a Marco que saliera por la ventanilla del copiloto. En ese momento se cortó la comunicación y ya no hubo más contacto con él.

Cuando los hermanos de Marco llegaron al lugar éste todavía estaba anegado. No se podía bajar al socavón y ya no se veía nada, ni el taxi, sólo lograron observar un camión de pasajeros, cuya parte frontal cayó en la otra oquedad. En la zona no había ninguna autoridad que los apoyara.

La demanda

Rafael y sus hermanos emprendieron la búsqueda de Marco: llamaron a los números de emergencia para saber si estaba reportado como accidentado. Nueve horas después de que cayó en la oquedad recibieron información de que había un cuerpo en un dren ubicado en la zona industrial Benito Juárez. Posteriormente confirmaron que se trataba de Marco, de 29 años, soltero y cuya madre, Obdulia Galindo Cruz, de 54 años, con diabetes crónica, era su dependiente económico.

Rafael decidió demandar a las autoridades la reparación del daño patrimonial y moral por la muerte de su hermano. A casi un mes de interpuestas las denuncias –con la representación legal de las abogadas–, el gobierno municipal de Querétaro, a cargo del panista Marcos Aguilar Vega, no ha dado respuesta. El estatal, encabezado por Francisco Domínguez Servién (también del blanquiazul), indicó que corresponde al ayuntamiento capitalino indemnizar a la familia del taxista, con el argumento de que Prolongación Camelinas es vialidad municipal. No obstante, reconoció que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal realizó el dictamen de la obra en la pasada administración.

Plaza explicó que el estado, como ente jurídico, está obligado a otorgar vialidades adecuadas por la aportación tributaria de los ciudadanos.

Tras las tormentas ocurridas la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 salieron a la luz una serie de irregularidades en la obra vial, entre ellas desperfectos en el asfalto y desviación del cauce normal del bordo Azteca, que derivó en la apertura de dos oquedades de dimensiones mayores. Eso da lugar a una irregularidad del estado, afirmó la jurista.

La ley patrimonial de Querétaro considera la figura de reclamación cuando una persona sufre una lesión por ausencia de vialidades e infraestructura adecuadas y por omisiones o malas condiciones de una obra pública. El estado tiene que reparar el daño, sostiene.

Ante la muerte de Marco, su madre se quedó sin sustento económico. Las abogadas, junto con Rafael Lora, reclaman al estado la reparación del daño por cantidades económicas no reveladas, pero explicaron que son cuatro tantos más de lo que suele ser otorgado por la muerte de un trabajador.

Peregrinar

Para iniciar el procedimiento de reparación del daño, Plaza y Garfias encontraron un nudo burocrático: Ve, sube, baja. Fueron de oficina en oficina y en el ayuntamiento de Querétaro no les recibían el documento, tal vez por indicación o por desconocimiento del personal municipal, señaló Plaza.

Finalmente, el 3 de octubre presentaron la denuncia ante el tribunal de responsabilidades administrativas del municipio capitalino y el 11 del mismo mes en la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal.

A la fecha no han recibido notificación del tribunal, pero al revisar el expediente se percataron de que ya se abrió una carpeta y se emitió un acuerdo relacionado con la petición de informes a distintas dependencias: por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable se le solicitó que dé a conocer si se socavó la vialidad o no, y si se socavó, que envíe pruebas, lo que para Garfias es impresionante, porque ante un hecho notorio no se necesitan pruebas.

Las abogadas lamentaron la falta de transparencia de las autoridades y que no asuman su responsabilidad, ya que el gobierno municipal señaló públicamente que no había recibido la obra de la vialidad y la Comisión Nacional del Agua en Querétaro informó que no autorizó desviar el cauce del bordo para edificar esa calle.

Omisiones

Plaza pregunta: Si no había permisos y no estaba entregada la obra, ¿por qué estaba en funcionamiento y por qué se permitió que se hiciera? Eso refleja que hubo omisiones de las autoridades encargadas de supervisar el proyecto y en la aplicación de sanciones por desviar el cauce de un bordo. Por esa razón, insiste, el Estado tiene que resarcir el daño, independientemente de las investigaciones para deslindar responsabilidades por una obra totalmente irregular.

En tanto, el fiscal general del estado (FGE), Alejandro Echeverría Cornejo, declaró a medios locales que no le consta que el cuerpo de Marco haya caído al socavón. Las abogadas aseguran que la FGE está obligada a realizar una investigación de oficio por homicidio culposo, porque derivado de una infraestructura inadecuada falleció una persona y tiene que dar con el responsable, revisar e identificar quiénes fueron los encargados de la planeación de la obra, la adquisición de materiales y los permisos u omisiones para su construcción y funcionamiento.

Además, la fiscalía cerró la investigación sin notificar de manera oficial a los parientes de Marco, por lo cual la familia evalúa impugnar por la vía penal.

Tanto Rafael como las abogadas señalaron que los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son los responsables de construir una vialidad que presentó fallas y quiénes permitieron que entrara en funcionamiento sin que se aplicaran sanciones y correcciones por las irregularidades detectadas.

Con este caso, dicen, buscan dejar un precedente: que el estado se haga responsable de resarcir el daño por obras deficientes, pues por desconocimiento de la ley los ciudadanos no reclaman ese derecho.