A partir del mes próximo, la Secretaría de Gobernación (SG) difundirá datos relacionados con la violencia de género y la práctica del aborto en el país, este último considerado delito, aun cuando su penalización es diferenciada o nula según cada entidad.

En respuesta a un mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se conocerán pormenores –con mayor calidad estadística y una nueva metodología– en materia de feminicidio, abuso y hostigamiento sexual, violencia familiar; además, narcomenudeo, corrupción de menores, trata de persona y delitos medioambientales.

Igualmente se conocerá la incidencia delictiva por sexo y grupo de edad, por entidad federativa, de las víctimas de homicidios dolosos y culposos, lesiones, secuestro, tráfico de menores, rapto, corrupción de menores y trata de personas.

El primer paquete de la información detallada corresponderá a los hechos denunciados ante el Ministerio Público durante el periodo enero 2015 a octubre 2017.

Por tanto, el próximo 20 de noviembre será la última ocasión en la cual se conocerá la magnitud de los delitos con base en la metodología actual diseñada hace dos décadas.

Álvaro Vizcaino, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, dijo que el desagregado de información servirá para la elaboración de políticas públicas, con énfasis en conocer más detalles acerca de la violencia contra las mujeres.

Advirtió que no se busca estigmatizar las circunstancias en las que ocurren los hechos, por ejemplo la interrupción del embarazo.

Lo que queremos es generar información que permita implementar políticas públicas. Creo que ninguna mujer que aborta lo hace de manera festiva; es principalmente un problema de salud y que está en la conciencia de cada mujer, y es un tema en el que simplemente lo que queremos es generar información, tomando en cuenta que el aborto está tipificado pero despenalizado, dijo a La Jornada.

El Ministerio Público abre una carpeta de investigación aun cuando derive en la no acción penal.

“Es necesario aclarar que el aborto en todos los códigos penales del país está considerado como un delito, pero prácticamente también todas las entidades federativas despenalizan algunos supuestos.

Ahí es donde entran algunas diferencias; algunos despenalizan el aborto terapéutico otros el eugenésico; no es que el aborto esté legalizado, la palabra correcta es despenalizado, explicó Vizcaino.

Abrir una carpeta de investigación, precisó el funcionario, no significa que se ejerza acción penal. En el caso del feminicidio, Chihuahua es la única entidad en la que no está tipificado, por lo que quizá en esa parte aparezca un asterisco de ‘información no disponible’.

La clasificación actual está desfasada (se aplica de la misma manera desde 1998) por lo que fue necesario capacitar en la nueva metodología a casi 9 mil agentes de las procuradurías y fiscalías, con el propósito de homogeneizar la información en todo el país y clasificarla en una nueva realidad, de nuevo sistema de justicia penal.

Igualmente se trabajó de la mano con todas las entidades federativas y el Inegi, y con grupos de la sociedad civil.

El nuevo formato de clasificación de incidencia delictiva se dará a conocer a finales de este mes o principios del próximo.