El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, aprobado por la Cámara de Diputados el jueves mantiene las inercias de presupuestos anteriores, sin cambios estructurales que impulsen el crecimiento económico en el mediano plazo y sin atender la inequidad intergeneracional, sostiene un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El estudio, elaborado por la investigadora Sunny Arely Villa, señala también que las reasignaciones de gasto aprobadas por los diputados federales priorizan ramos que se caracterizan por su falta de transparencia.

Al analizar el desglose de los recursos que el gobierno ejercerá el próximo año, la autora señaló que el incremento aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2018 fue de 43 mil 291.4 millones de pesos, que se derivó de la modificación de parámetros, de los cuales el Congreso no tiene control directo. La ampliación al presupuesto es equivalente a 87.9 por ciento de los recursos añadidos al ramo 23 en el PEF para el ejercicio fiscal de 2018, pero dicho rubro está conformado por fondos que, al momento de su aprobación, carecen de reglas de operación y que cambian año con año.

Para 2018 se asignan recursos a fondos no previstos en el proyecto del PEF, tales como: Proyectos de Desarrollo Regional (incluidos en Cámara de Diputados), los fondos de Reconstrucción para Entidades Federativas, para Fronteras, de Apoyo a Migrantes, Programas Regionales, Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el estado de México, Cámaras de Vigilancia en el estado de Veracruz y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que suman 28 mil 649 millones de pesos; es decir, 0.1 por ciento del PIB.

Añade que derivado de las reducciones realizadas al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la postergación del pago de la deuda pública y de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que suman 40 mil 300 millones de pesos, se aprobaron reasignaciones de gasto, priorizando los ramos relacionados con la agricultura, comunicaciones y transportes, así como la educación pública, pero detalla que a pesar de las reasignaciones, estos ramos presentan modificaciones de menos 2.5, menos 4.7 y 0.2 por ciento, respectivamente, según lo aprobado en 2017.

Por ello, considera que al postergar el pago de deuda y de ADEFAS se envía la presión fiscal a las generaciones futuras, favoreciendo recursos que, al momento de ser aprobado el presupuesto, no tienen reglas específicas en favor de la transparencia y una mejor rendición de cuentas.

De acuerdo con la autora en México urge un debate serio de las finanzas públicas, donde las decisiones tomadas sean del conocimiento ciudadano, pues señaló que sólo a través de un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo, se podrá velar por un presupuesto sostenible en el largo plazo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.