Al revisar el proceso de contrataciones de terceros que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la operación con otros entes públicos –universidades– que no cuentan con la capacidad técnica y humana para cumplirlos, lo que motivó que gran parte de los mismos fueran asignadas a terceros. Por ello, el organismo concluyó la necesidad de aplicar procedimientos administrativos en la Conagua, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH).

Aunque la revisión –cuenta pública 2016– de las subcontrataciones realizadas por la Conagua fue aleatoria, la ASF detectó que originalmente se tenían asignados 553 millones de pesos, cifra que se elevó a mil 569 millones, según los registros del módulo de adecuaciones presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se investigó la contratación para los servicios de análisis de la calidad de agua, mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de bombeo, entre otros contratos asignados a universidades públicas, por un monto conjunto de 96.1 millones de pesos con la UANL, la UMSHN, la Universidad de Colima y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (estos dos últimos no tuvieron observaciones en su ejecución).

De acuerdo con la ASF, los funcionarios de la Conagua no aseguraron las mejores condiciones al contratar a la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que ambas no acreditaron documentalmente la capacidad técnica, material y humana antes de su contratación, y no se verificaron los productos de los servicios del convenio.

La incapacidad técnica y humana de las instituciones para cumplir los contratos obligaron a subcontratar a terceros –una operación irregular que la ASF ya ha detectado en varios casos con el objeto de asignar indebidamente un contrato a determinada empresa–, que en el caso de la institución michoacana llegó casi a 50 por ciento.

Por ello, al detectarse deficiencias en la liciatción de contratos de servicios, que generó pagos en exceso y ante la evidencia de que las instituciones no acreditaron plenamente tener capacidad para cumplirlos, también se solicitaron en esas instituciones promover procedimientos administrativos, pues se registraron violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según concluyó la ASF.