Madrid.

El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, decretó este jueves prisión eludible bajo fianza de 150 mil euros (3 millones 400 mil pesos) para Carme Forcadell, presidenta del disuelto Parlamento de Cataluña y uno de los referentes del movimiento independentista.

Forcadell –quien ante el magistrado dijo que la proclamación de independencia del pasado 27 de octubre fue una declaración simbólica– y los cinco ex legisladores que integraban la Mesa del Parlamento comparecieron ante la Fiscalía General del Estado, acusados de los delitos de rebelión, sedición, malversación de recursos públicos y cohecho.

Salvo Forcadell, quien durmió esta noche en prisión ante las dificultades de depositar de inmediato el dinero por la hora –casi las 11 de la noche– ninguno pasó la noche en la cárcel.

El magistrado Llanera decidió no asumir la petición de la fiscalía –que solicitó prisión incondicional para cuatro de los seis comparecientes– y fijó una fianza de 150 mil euros para Forcadell y de 25 mil para los diputados Ramona Barrutet, Lluís Guinó, Anna Simó y Lluís Corominas, quienes tienen siete días para depositar el dinero o las garantías para avalarlo.

Joan Josep Nuet, el único que no milita en un partido independentista y pertenece a Cataluña sí que es Pot, quedó en libertad sin medidas cautelares al quedar probado que su voto fue negativo durante la sesión en la que se declaró la independencia unilateral.

El conflicto entre Cataluña y el Estado español se dirime en tribunales, luego de la declaración independentista con 70 votos en favor, 10 abstenciones y el abandono del bloque unionista. El gobierno español respondió con la aprobación en el Senado de la aplicación del artículo 155 constitucional, lo que significó la pérdida de la autonomía de la región con el cese del gobierno de Cataluña, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre.

El presidente catalán y líder del movimiento independentista, Carles Puigdemont, se fugó el 30 de octubre, acompañado de cuatro consejeros (ministros) a Bélgica, donde se encuentran todavía, con el objetivo de internacionalizar el conflicto que, según afirmó, pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos en Cataluña mediante una feroz represión y los presos políticos.

Tras conocer la decisión del juez, Puigdemont publicó en las redes sociales: Carme Forcadell pasará la noche en prisión por haber permitido el debate democrático. ¡Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española.

Además, el gobierno español asumió todas las carteras de la administración catalana, relevó al jefe de la policía autonómica y convocó a comicios, con lo que obligó al resto de los partidos a iniciar sus proyectos electorales.

En el terreno judicial, la Fiscalía General del Estado presentó querellas por los delitos de rebelión, sedición, malversación de recursos públicos y cohecho contra los miembros del gobierno de Puigdemont ante la Audiencia Nacional, por impulsar la resolución de independencia y por las actividades realizadas en los años recientes para alcanzar la secesión, a pesar de que la mayoría fueron prohibidas expresamente por resoluciones del Tribunal Constitucional.

La fiscalía presentó otra querella contra los que integraron la Mesa del Parlamento catalán aquel día y que al formar parte de la Diputación Permanente y por tanto no haber perdido el fuero tenían que ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Los miembros del gobierno catalán fueron citados a declarar el 2 de noviembre por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pero sólo se presentaron nueve de los 14 miembros de la administración.

La comitiva fue encabezada por Oriol Junqueras, ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, quien es además uno de los principales líderes independentistas y al que muchos señalaban como próximo presidente de la Generalitat.

Junqueras y ocho consejeros fueron enviados a la cárcel y sólo uno de ellos, Santi Vila, quien había dimitido de su cargo la víspera de la declaración unilateral de independencia, salió con fianza de 50 mil euros. Vila ya está en libertad, mientras Junqueras y el resto de políticos independentistas siguen encarcelados; los hombres en la prisión de Estremera y las dos mujeres comparten celda en la cárcel de Alcalá Meco.

Los parlamentarios que declararon este jueves también fueron citados en primera instancia el 2 de noviembre, pero solicitaron una prórroga de una semana para preparar su defensa, misma que les fue concedida. La vistilla se prolongó más de 11 horas en las que, a diferencia de sus compañeros en el gobierno catalán, sí respondieron a las preguntas de la fiscalía y se mostraron colaboradores con la justicia. Incluso se comprometieron a no incurrir nuevamente en las actividades supuestamente delictivas por las que fueron citados, entre ellas sus labores políticas en favor de la independencia.

Forcadell, quien leyó la resolución en la que se declaró la independencia, aseguró ante el juez que aquello fue una declaración simbólica, que el juez recogió: No es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional.

El magistrado también les fijó una serie de medidas cautelares, entre ellas el retiro del pasaporte y comparecer cada semana en una comisaría o juzgado.

Mientras el independentismo catalán persiste en convencer a la Unión Europea para que intervenga en la crisis, el gobierno español continuó moviendo sus hilos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, en la sesión en la que fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, pronunció un discurso durísimo contra los movimientos nacionalistas, que tildó de veneno.

El acto contó con la presencia del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el canciller Alfonso Dastis y el ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Hay que decir no a toda forma de separatismo, que añade fractura y división a las estructuras ya existentes. Son un veneno que impide que Europa pueda trabajar de forma conjunta, afirmó Juncker.

En tanto, Amnistía Internacional afirmó que ni los miembros del gobierno catalán encarcelados ni los dos líderes sociales –también independentistas, recluidos el pasado 16 de octubre, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart–, pueden ser considerados presos de conciencia.

No consideramos a los miembros del gobierno presos de conciencia porque son acusados de actuaciones que pueden constituir un delito. Hasta el momento, tampoco consideramos presos de conciencia a los Jordis, pero sí pedimos el retiro de los cargos de sedición y poner fin a su encarcelamiento provisional, señaló la organización.