Damnificados por el terremoto del 19 de septiembre exigieron ayer en la Cámara de Diputados una partida específica de 50 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, para la reconstrucción de vivienda, sin que se les orille a contratar créditos impagables.

Los afectados encararon al presidente de la Comisión de Presupuesto, Jorge Estefan Chidiac (PRI), quien primero dijo que los entendía, porque también su padre perdió su casa, pero después los mandó a negociar con los coordinadores, respuesta que indignó a los afectados.

Cuando le demandaron que el organismo a su cargo apruebe un rescate de las familias, así como se hizo con banqueros, dueños de ingenios azucareros y concesionarios de carreteras, buscó eludirlos.

Yo no mando en la Cámara. Es una decisión de ocho grupos parlamentarios. No tengo la capacidad de decidir por mí mismo. Somos sensibles. Lo vamos a revisar. Les sugiero que hablen con los coordinadores, dijo.

–Es muy difícil entrar aquí y verlos –lo objetaron.

–Voy a intentarlo.

–¡No queremos intentos! –exclamaron los damnificados.

Además, expresaron que no están de acuerdo en organizar tandas, como sugirió el presidente Enrique Peña Nieto, ni pagar los créditos que propone el gobierno de Ciudad de México, o entregar los predios a inmobiliarias que sólo buscan el lucro.

Este martes, quienes perdieron sus casas por el terremoto tocaron una nueva puerta. Relataron que la semana pasada, funcionarios de Finanzas del gobierno capitalino les argumentaron que la ciudad no tiene presupuesto y que debían acudir a los diputados.

La señora Bertha Mondragón, quien perdió su departamento en los multifamiliares de Tlalpan, expuso al priísta: soy de la tercera edad y me preocupa el saber que no tengo casa; no sé adónde voy a dormir, adónde voy a ir a parar. No sé. Yo lo pongo en sus manos.

Pero ni esa frase conmovió a Estefan Chidiac, quien finalmente se zafó: lo voy a intentar, pero no es decisión personal. Ahora, si me permiten, voy a pasar lista.

La comisión recibió una demanda por escrito de los damnificados, donde señalan que en octubre la Cámara de Diputados aprobó recursos adicionales en la Ley de Ingresos por 32 mil millones de pesos, además de que puede reasignar recursos por al menos 20 mil millones.

Exigieron que el fondo se otorgue sin distinción socioeconómica, porque a un grupo de damnificados se le discrimina al pertenecer a la clase media, cuando esta condición no representa ningún privilegio en México; al contrario, muchos perdimos el patrimonio que construimos con el esfuerzo de nuestro trabajo, y en algunos casos de toda una vida.