Miércoles 8 de noviembre de 2017, p. 8
La Procuraduría General de la República (PGR) realizó una visita de inspección a la Empresa First National Security, en Cancún, Quintana Roo, donde se resguardan mil 500 cajas de seguridad, para constatar que no se violenten derechos humanos de los dueños y sus pertenencias.
En tanto, usuarios de First National Security continúan a la espera de que personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) les entreguen artículos de valor prioritarios que se hallan dentro de las cajas incautadas por la Procuraduría General de la República (PGR), como dinero para tratamientos contra leucemia y algunos marcapasos.
Los afectados por las pesquisas que se llevan a cabo contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo pidieron a las autoridades federales que investiguen a los 600 usuarios que se inscribieron en una lista de forma voluntaria para resolver esta situación, y de forma separada a los que se negaron a ser incluidos en esa relación.
Conforme a derecho
En entrevista, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la dependencia federal, Sara Irene Herrerías, confirmó que estas acciones se realizan conforme a derecho y se constató que no hay abusos en el operativo.
Acompañamos y fuimos allá (Quintana Roo), lo que se vio es que todas las diligencias estuvieran apegadas a principios de derechos humanos, pero es una función propia de esta subprocurauría y justo lo que queremos es tener tranquilidad en la PGR de que todo se está haciendo conforme a derecho, apegado a los derechos humanos de las personas que tienen cajas de seguridad y constatamos que se está haciendo de esa manera.
Tras una reunión de cuatro horas en Seido, el diputado del PRI por Quintana Roo, José Luis Toledo Medina, aseguró que se entregó una lista de 703 personas que, de manera voluntaria, pidieron a la Seido las investigue para comprobar que no tienen relación con el crimen organizado, tras la incautación de sus cajas de seguridad'.
Junto con la diputada panista Patricia Sánchez Carrillo y cuatro representantes de los afectados, se entrevistó con el titular de la Seido, Alonso Lira Salas, para pedir la agilización de la entrega de los bienes. Se acordó con la autoridad federal que el regreso de las cajas a aquellos que no estén involucrados en los delitos de crimen organizado y contra la salud comenzará la próxima semana.