Las cárceles del estado de México padecen autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento, que favorecen la tortura y el maltrato a los internos.

Así lo constató el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), instancia dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al analizar las condiciones de los centros preventivos de readaptación social (Cereso) en los municipios de Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo, todos dependientes de la Secretaría de Seguridad estatal.

En una recomendación dirigida al gobernador Alfredo del Mazo, el organismo nacional advirtió que el autogobierno favorece abusos de grupos de poder en los Cereso, lo que genera un ambiente de violencia, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas, cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos.

La CNDH destacó que internos y servidores públicos se coluden para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez también detectó en las cárceles mencionadas insuficiencia de personal, deficiencia de servicios y áreas de medicina, alimentos insuficientes y de mala calidad, ausencia de programas para prevenir y atender emergencias o eventos violentos, malas condiciones de mantenimiento e higiene en dormitorios, instalaciones sanitarias y cocinas, así como inexistencia de espacios exclusivos y adecuados para mujeres.

También se acreditó que se siguen aplicando disposiciones anteriores a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que demandó actualizar esos lineamientos y adecuarlos a la Constitución y a estándares internacionales.

El MNPT estará pendiente de que el gobierno estatal, particularmente la Secretaría de Seguridad, cumpla con la recomendación y realizará visitas de seguimiento.

La investigación incluyó visitas, revisión de informes y de diagnósticos sobre los centros de reclusión; se examinó el trato y condiciones de los internos y se evaluó si los reslusos reciben trato humano y digno y se respetan sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

Las visitas de supervisión de la CNDH incluyeron entrevistas con servidores públicos e internos, así como la revisión de expedientes y recorridos por las instalaciones.