nte la negativa ayer de la Dirección General de Servicios Educativos (DGSE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a elaborar un dictamen sobre varias escuelas primarias y secundarias ubicadas en la delegación Iztapalapa, cuyos planteles tuvieron afectaciones de magnitud diversa durante el sismo del 19 de septiembre anterior, alumnos, maestros y padres de familia ocuparon la avenida Ermita, en sus cruces con los ejes 5 y 6 Sur, en demanda de medidas que permitan garantizar la seguridad de los educandos. Los estudiantes de la primaria José María Lafragua optaron por tomar clases en plena calle, y a ellos se sumaron los de la secundaria Ramón Beteta y de otras escuelas de la zona.

Desde hace un mes el inmueble de la escuela José María Lafragua fue colocada en color ámbar (seguridad incierta) por un director responsable de obra que consideró urgente una evaluación para la restructuración y renivelación del edificio, el cual ostenta hundimiento, una inclinación de varios grados y daños en elementos estructurales, como columnas, vigas y muros; no obstante, el plantel no ha sido reparado ni ha habido un segundo dictamen que certifique su seguridad. La autoridad educativa únicamente ha montado 10 aulas provisionales en el patio de la escuela –situados entre edificios dañados– que resultan insuficientes para albergar a los estudiantes, pues el plantel tiene 18 salones.

A 50 días del terremoto de septiembre 19, y a dos meses de los sismos que devastaron diversas zonas de Chiapas y Oaxaca, el desdén por la seguridad de los estudiantes de esa y otras escuelas de la demarcación, así como la prisa por decretar la normalización de la vida cotidiana, a pesar de que no hay condiciones, son ilustrativos de la ineficacia de las autoridades para hacer frente a una crisis social que perdura en la ciudad capital, Morelos, Puebla y el estado de México.

De manera adicional, esa ineficiencia siembra conflictos, como el que se suscitó ayer entre los propietarios y habitantes del edificio de Saratoga 714, delegación Benito Juárez –colapsado el 19 de septiembre– y vecinos de las inmediaciones que pedían la demolición del inmueble. Los dueños e inquilinos se opusieron a ésta, porque aún no se ha realizado un dictamen técnico que permita deslindar responsabilidades y porque sospechan que la construcción de un gran desarrollo inmobiliario en el predio vecino pudo debilitar los cimientos –los habitantes advirtieron infructuosamente a las autoridades delegacionales de tal posibilidad meses antes del sismo– y, a la postre se dio el derrumbe del Saratoga 714. El caso tiene una implicación doblemente grave, pues allí murió una persona, por lo que las responsabilidades penales, de haberlas, podrían no limitarse al daño en propiedad ajena y extenderse a homicidio culposo.

Situaciones como las referidas proliferan en las zonas más golpeadas de la metrópoli y permiten augurar meses y años de malestar social, conflictos intervecinales y procesos judiciales.

Todo lo anterior habría podido evitarse si las autoridades de todos los niveles hubieran frenado a tiempo la vertiginosa especulación inmobiliaria –sobre la cual se ha alertado desde hace años– y las prácticas corruptas que ésta conlleva o, al menos, si hubiesen intervenido de manera puntual y oportuna desde el momento posterior al sismo, cuando se hizo evidente la necesidad de contar con un censo confiable de construcciones dañadas con sus correspondientes dictámenes; pero, por desgracia, hay que rendirse a la evidencia de que ni siquiera se ha terminado de levantar los dictámenes en cuestión.

En tales circunstancias, y con tantas fallas e inconsistencias institucionales, la plena normalización de la vida cotidiana va a tardar mucho más de lo previsto.