La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades de las siete entidades afectadas por los sismos de septiembre pasado adoptar medidas cautelares en favor de los damnificados durante la etapa de la reconstrucción.

También les requirió crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como que se evalúe a las empresas participantes, las cuales también deben respetar derechos de los afectados.

El organismo envió oficios a los gobiernos de Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos y estado de México, a los cuales pidió establecer un mecanismo de análisis y evaluación de las empresas que participarán en la reconstrucción en el cual se valore su historial en el cumplimiento de las normas de construcción y de sanciones, así como los procedimientos y procesos o investigaciones que tengan abiertos, considerando también a sus titulares y representantes.

Los gobiernos de estas entidades también deberán constituir un mecanismo de difusión pública sobre el proceso de reconstrucción que sea accesible a la población; informar el grado de avance de la misma, por delegación política o municipio; transparentar el empleo de los recursos públicos y de los agentes e instituciones involucrados en esta etapa; adoptar las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y transparencia en el otorgamiento de los recursos públicos, con el fin de que se destinen únicamente a la reconstrucción y reparación de los inmuebles afectados.

También se les requirió elaborar un registro de los inmuebles en reparación y reconstrucción, por delegación política o municipio, en el cual se relacione la razón o denominación social de las compañías o el nombre de los empresarios que participan y tomarán parte de manera parcial o total en esos trabajos. La CNDH subrayó que con base en estándares internacionales, como los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, las compañías también tienen la obligación de respetar estas garantías y los estados de vigilar que así sea.

En este caso, el Estado tiene el control del recurso económico para la reconstrucción, por lo que debe exigir a las empresas que vayan a participar en ésta que observen debida diligencia en su actuación, lo que implica el debido cuidado y las sanas prácticas empresariales para evitar una afectación social.

Para ello las compañías deben –subrayó el organismo– cumplir con seis estándares en su actuación frente a las personas afectadas y la sociedad: la máxima calidad en los materiales a utilizar, la máxima eficiencia en el proceso de construcción, la máxima calificación del personal, el máximo control en las etapas del proceso de construcción, la máxima publicidad y transparencia en el proceso de construcción, y la máxima calidad en el resultado (el inmueble construido o rehabilitado).