El gobierno de México considera que no ha sido legal el proceso seguido en Texas contra Rubén Ramírez Cárdenas, connacional condenado a ejecución programada para mañana. Aunque faltan horas para la aplicación de la sentencia, autoridades persisten en que se le conmute la pena por cadena perpetua o se posponga.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana, señaló que aún se está echando mano de dos recursos para tratar de impedir la aplicación del castigo. Se pidieron nuevas revisiones al proceso de obtención de la confesión y a la negativa a una prueba de ADN.

Sada Solana ofreció una conferencia conjunta con el director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, y el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Alday, en la que explicó que en el caso de Ramírez Cárdenas no se siguió el debido proceso y se violó la convención de Viena, al no dar posibilidad al inculpado de entrevistarse con un funcionario consular.

Se suma la ONU

A este reclamo se sumó el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ayer, Alday explicó que el gobierno de México no pretende condonar delitos y no le corresponde juzgar si Ramírez Cárdenas cometió las acciones que se imputan (violación y muerte de una sobrina suya); lo que se está defendiendo, subraya, son sus derechos básicos y promover que él y otros que están en cárceles estadunidenses obtengan el debido proceso, la defensa necesaria y que se respeten los acuerdos internacionales, como la Convención de Viena.

En el tema de Rubén Cárdenas no se ha seguido, desde nuestro punto de vista, el proceso legal, por lo que se está recurriendo a todos los mecanismos que están al alcance, para evitar su ejecución, y se seguirá defendiendo el caso hasta el último minuto.

En tanto, Alday dijo que en 2000 se creó el Programa para la atención a mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, a fin de evitar que se violen los derechos procesales. Bajo dicho esquema se han atendido más de mil 150 personas, y se ha logrado evitar mil 14 ejecuciones, es decir, 97 por ciento de los mismos.

México ha utilizado la herramienta jurídica que le dio el caso Avena, en 2014, cuando demandó a Estados Unidos para que cumpliera la obligación que establece la Convención de Viena, de que cuando se detenga a un mexicano, éste sea informado que tiene derecho a contactar a su consulado.

La Corte Internacional de Justicia decretó que ese país había violado ese derecho de notificación a 55 connacionales, entre los que Cárdenas es uno, pues se le negó el derecho básico referido.

En tanto, Jacob Prado, expuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió ya dos recomendaciones para que Cárdenas obtenga un nuevo juicio, lo cual no se ha llevado a cabo; además, la defensa presentó una solicitud de suspensión de la ejecución ante la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado de Texas, así como una solicitud de clemencia ejecutiva ante el gobernador, las cuales quedaron en suspenso.