La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General no debe ser cosmética, por el contrario, el debate legislativo debe centrarse en alcanzar una nueva instancia independiente, autónoma y ajena a intereses políticos. La prioridad debe ser el diseño de la institución antes que el nombre de quien será su titular, aseveró en el Senado el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Al participar en el seminario Los ministerios públicos y el combate a la impunidad en América Latina: reflexiones desde la experiencia de Perú, Brasil, Chile, Guatemala, Argentina y México, subrayó que las reformas constitucionales y legislativas que se formulen para alcanzar este propósito deben tener como eje rector la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho. En ese contexto, llamó a los senadores a analizar en el actual periodo de sesiones las modificaciones para alcanzar ese objetivo.

Destacó que es fundamental que la instauración de la nueva fiscalía sea antecedida de una reforma constitucional que pueda garantizar la autonomía y el profesionalismo y la rendición de cuentas. La autonomía debe ser funcional, presupuestal y administrativa. Se necesita garantizar la creación de servicios profesionales de carrera y de mecanismos de control tanto internos como externos sociales. Igualmente, los procesos de selección y remoción de fiscales deben ser ajustados a los principios de transparencia, idoneidad y debido proceso.

Jarab recordó que existe un consenso amplio en los órganos nacionales e internacionales de que el sistema de procuración de justicia en el país enfrenta una grave crisis y que la confianza de los ciudadanos en las instituciones es muy baja.

El representante de la ONU en materia de derechos humanos en el país resaltó que el Senado tiene una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y el cambio al artículo 102 (de la Constitución) es un primer paso en esta discusión.

Enfatizó que sería un error reducir la deliberación sobre la creación de esta nueva instancia a un mero debate sobre el perfil de su titular. Si bien, señaló, antes de ello es preciso definir el diseño de la institución, pero acotó: Ni el mejor diseño institucional garantizará el éxito si no hacemos la selección de su titular basada en mérito, con base en sus cualidades y no en intereses partidistas.

Además, insistió, su designación debe darse de la consulta abierta, participativa e incluyente. Tener a un fiscal con esas características, con un proceso de selección que se apegue a los estándares internacionales e independencias de las fiscalías, sería un paso importante para lograr una fiscalía autónoma.

Es entendible, precisó, que el modelo de impartición de justicia no puede abstraerse de la compleja situación de seguridad que enfrenta México, pero –subrayó– éste debe estar principalmente al servicio de la justicia y no de los sistemas de seguridad pública.

Ángela Buitrago, ex fiscal en Colombia y experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que “se debe blindar al fiscal, debe trabajar con independencia y autonomía, para que pueda decirle a su superior jerárquico ‘no puedo hacer lo que me pides, porque la ley me lo prohíbe; además, no lo voy a hacer por ética y probidad’”.