La reconstrucción y/o rehabilitación de inmuebles dañados por el sismo significará un gran negocio para las inmobiliarias, auspiciado desde el gobierno capitalino mediante la redensificación de edificios y el ofrecimiento de créditos, que implicará pagar casi dos veces más lo prestado, por una vivienda de 50 metros, denunciaron vecinos.

La pobreza patrimonial que enfrentamos nos ha impedido cubrir el costo de un dictamen elaborado por un director responsable de obra –que cuesta de 25 mil a 40 mil pesos–, estudios de mecánica de suelos, topografía y cargas vivas y muertas –que se cotizan entre 350 mil y 500 mil pesos– y de seguridad estructural, con valor de 250 mil a un millón de pesos.

Su realización, explicaron, es necesaria para la demolición o rehabilitación de viviendas, debido a que las evaluaciones postsísmicas han pasado inexplicablemente de inseguro a habitable, lo que genera incertidumbre entre sus habitantes, quienes nos mantendremos en campamentos para evitar robos y actos de rapiña, que han ocurrido desde el mismo 19 de septiembre.

En conferencia de prensa, damnificados de 17 zonas afectadas anunciaron que este martes entregarán una carta en la Cámara de Diputados para solicitar una partida presupuestal etiquetada para la reconstrucción, reparación y reforzamiento de los inmuebles dañados por el sismo, y para los estudios técnicos sobre el estado que guarda cada propiedad.

Alejandra Guerrero, de los conjuntos habitacionales Girasoles I, II y III, donde 15 edificios están dañados, uno de los cuales se demolerá, y eran habitados por 2 mil 300 personas, denunció ofertas de inmobiliarias para que vendan sus departamentos. En un principio ofrecieron 300 mil pesos y ahora 600 mil, indicó.

Adriana Lemus, del edificio Osa Mayor, en la colonia Doctores, a su vez expresó su temor de que, por 170 mil pesos de apoyo recibidos, quieran quitarles el predio y entregarlo a un desarrollador, por la plusvalía de la zona; mientras Sergio González, de la colonia Del Mar, en Tláhuac, pidió que se les reubique, porque sus casas están sobre fallas geológicas.

Héctor de la Cueva, de Doctor Vértiz 1233; Norma Morales, de Textitlán 40; Yolanda Villa, de Pirules 100; Marisol Arriaga, del multifamiliar Tlalpan, y Paulino Navarro, de avenida Del Taller 21, afirmaron que la situación de emergencia continúa y plantearon que el dinero para el proceso electoral se destine a la reconstrucción o reparación de inmuebles dañados.

La solución no está en otorgar créditos hasta de 2 millones de pesos, a pagar a 20 años y cubriendo sólo 9 por ciento anual, porque se pagarán 3.6 millones por 50 metros, permitiendo a los desarrolladores aumentar pisos en los nuevos edificios para que recuperen su inversión, siendo los únicos ganones del sismo.