La Procuraduría General de la República (PGR) prepara citatorios contra servidores públicos de Nuevo León para que rindan sus declaraciones sobre el desvío de 100 millones de pesos que debieron depositarse a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

De acuerdo con fuentes ministeriales consultadas, la investigación está centrada en la operación de los Cendis y la utilización de esos recursos.

Sin revelar nombres ni cargos para no estropear las diligencias y alertar a los probables responsables, la PGR ya cuenta con información de los funcionarios involucrados en ese caso.

Incluso, el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, comentó que se firmó un acuerdo con Manuel González Flores, secretario general de Gobierno de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

Sin embargo, autoridades federales no descartan alguna responsabilidad de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Anaya, así como de Héctor Quiroz García, dirigente de ese partido en Aguascalientes.

A Rodríguez Martínez se le señala de desviar fondos públicos asignados a 13 Cendis en Nuevo León, mientras Quiroz García fue vinculado a proceso por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público Federal demostró que recibió al menos 12 millones de pesos provenientes de una cuenta bancaria de la esposa del líder nacional del PT.

Desde hace 10 años, según ese partido político, el gobierno de Nuevo León entrega dinero a los Cendis del Frente Popular Tierra Libertad.

En agosto, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, bloqueó a Rodríguez cuentas en Banorte por encontrarse a nombre de una persona y no de una institución.

En esos depósitos, según pruebas de las autoridades, estuvieron involucrados funcionarios de las secretarías de Educación y de Finanzas, así como de la Oficialía Mayor, entre otras.