Tijuana, BC.

Esta ciudad ocupa el primer lugar nacional en asesinatos con cerca de mil 500 este año. Según las autoridades –desde el gobernador Francisco Vega de Lamadrid hasta el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro–, 80 por ciento se relacionan con el crimen organizado, concretamente con el narcomenudeo.

La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Perla del Socorro Ibarra Leyva, dio a conocer que apenas poco más de 10 por ciento de los casos han llegado a juicio y el resto siguen impunes, entre otras causas, por falta de personal.

La dependencia ha transferido empleados desde Mexicali para apoyar a la subprocuraduría de Tijuana, sin lograr avances.

La cantidad de asesinatos hace recordar la crisis de violencia que vivió Tijuana a finales de la década pasada. Según autoridades, la diferencia radica en que ahora la mayoría de las víctimas tenían relación con la venta de drogas.

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, ha responsabilizado de la falta de resultados al propio gobernador. No vemos a los funcionarios preocupados por la inseguridad que estamos viviendo, aseveró.

Francisco Vega respondió que sí existía preocupación, como entre todos los gobernantes del país, por ser un problema que ocurre en toda la República.

Declaró que el problema que vive la península, desde Los Cabos, Baja California Sur, hasta Tijuana, se debe al trasiego de drogas, responsabilidad tanto de las autoridades mexicanas como de Estados Unidos,.

De manera recurrente, funcionarios locales que participan en el Grupo Coordinación Baja California aseguran que están cambiando su estrategia, que los líderes de los grupos criminales operan fuera de la entidad y que no les corresponde combatirlos, sino a la autoridad federal, lo que ya plantearon en julio al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió volver y no lo ha hecho.

Según el secretario de seguridad púbica de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, se necesitan más ojos y mayor participación ciudadana. Hoy existen 50 comités civiles que se comunican con las autoridades mediante grupos de WhatsApp y otras plataformas.

Según Sotomayor, las acciones acordadas se aplican, pero la incidencia delictiva no cede.

La semana pasada fue destituido el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, tras 10 años de haber estado al frente de esa dependencia. Lo sustituye Gerardo Sosa Olachea, ex subprocurador de Tecate.

José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y director de vinculación, ve en este cambio una oportunidad para evaluar y corregir la estrategia.

El nuevo secretario tiene tres meses para disminuir la incidencia delictiva al menos a la mitad, según el investigador.

Para ello, agregó, se requiere que el Congreso de la Unión revise el nuevo sistema de justicia penal, porque los narcomenudistas salen libres en poco tiempo.

Explicó que uno de los éxitos en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue la vinculación efectiva de los consejos ciudadanos con autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil. La prioridad es definir la agenda de reacción policiaca y prevención.

El especialista incluso sugirió buscar apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) a fin de diseñar estrategias de prevención a corto y mediano plazos.

Si la tendencia se mantiene, 2017 será el año más sangriento en Baja California, particularmente para Tijuana, incluidos los homicidios de mujeres.

En tanto, Osorio Chong pospuso su visita, programada para agosto, y en septiembre la suspendió a causa de los terremotos en el centro y el sur del país. No hay nueva fecha y, a decir del gobernador, no le han ofrecido audiencia.