En 40 días que restan al actual periodo de sesiones, el Senado debe ratificar 60 nombramientos, entre ellos el del gobernador del Banco de México y elegir dos fiscales especializados –contra delitos electorales y anticorrupción, éste, pendiente desde 2014.

En el Senado se espera, asimismo, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para cubrir la vacante que dejó en la Procuraduría General de la República (PGR), la salida de Raúl Cervantes.

Además del factor tiempo, la situación se complica porque en su mayoría, los 62 nombramientos y elecciones de fiscales, requieren votación calificada, lo que implica que el PRI y sus aliados del PVEM necesitan a buena parte de los legisladores del PAN para completar los dos tercios requeridos.

La renovación de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se sumó a última hora al rezago acumulado –tras el cese de Santiago Nieto– y se deberá atender de inmediato.

El Senado emitirá una convocatoria y quienes cubran los requisitos legales comparecerán ante la Comisión de Justicia. Se elegirá al titular de Fepade, con votación calificada y a través de cédulas.

El nombramiento más rezagado es el del fiscal anticorrupción. Ha habido dos convocatorias, la primera en octubre de 2014. Se inscribieron 33 candidatos, comparecieron, pero el PAN frenó la votación en diciembre de ese año, porque era mejor esperar a que se aprobara la ley en la materia.

Ya con la legislación en marcha, a fines de 2016 hubo otra convocatoria; 23 candidatos fueron declarados elegibles, un grupo ciudadano los valoró, definió a cuatro finalistas, pero el tema sigue atorado, pues la oposición no acepta al candidato que el PRI quiere imponer, el magistrado Manuel Hallivis Pelayo.

El Senado tampoco ha ratificado a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), encargados de sancionar faltas relacionadas con corrupción, como son cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, que debieron entrar en funciones el 17 de julio de este año.

El presidente Enrique Peña Nieto remitió la propuesta al Senado unos días antes de que concluyera el periodo de sesiones del pasado abril y, aunque se pensó que habría acuerdo porque la mayoría de los candidatos tienen nexos con el PRI y el PAN –en un reparto equitativo de cuotas– y se convocaría a un periodo extraordinario para votarlo, no fue así.

La división entre panistas y las objeciones de PT Morena sobre los candidatos tienen el tema congelado. En septiembre, cuando se inició la legislatura, se habló de regresar la propuesta a Peña para que remita otra, pero no se ha hecho.

Otro pendiente es la elección de gobernador del Banco de México, cuando se concrete la salida de Agustín Carstens, quien irá a un organismo internacional. De acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo federal remitirá al Senado su propuesta, para ser ratificada por dos tercios de los legisladores.