Xalapa, Ver.

La Academia de Policía El Lencero está en la mira de familiares de personas desaparecidas, quienes afirman tener indicios de que en el anterior gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, este sitio pudo haber sido utilizado para cometer violaciones a los derechos humanos, tortura e incluso inhumaciones clandestinas.

El pasado lunes, acompañados por personal de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y autoridades estatales, tuvieron acceso a esas instalaciones.

Con la ayuda de georradares y binomios caninos comenzaron la búsqueda (que durará tres días) de fosas clandestinas en el inmueble, que consta de oficinas administrativas, dormitorios, depósito de armas, área cerrada de tiro, campo de tiro, alberca, pista de obstáculos, simuladores de manejo y amplios jardines.

A 24 horas de iniciada la búsqueda, las familias no habían encontrado indicios de fosas. Se nos dieron todas las facilidades para buscar, pero hay muchos edificios nuevos, por lo que no existe certeza (de si algún cuerpo fue inhumado allí), comentó uno de los participantes.

La búsqueda en la academia policiaca no es un acto descabellado para Efraín Martiz Aguirre, padre de Gibrán Martiz, cantante del popular programa de televisión La Voz México, quien fue vícitima de desaparición forzada en Xalapa, el 7 de enero de 2014.

Durante las investigaciones independientes que realizó Efraín Martiz descubrió que el punto indicado por última vez por el sistema de localización satelital del teléfono de su hijo coincidía con la dirección de la Academia de Policía El Lencero, a 11.5 kilómetros de la carretera Xalapa-Veracruz.

En entrevista telefónica, el padre de Gibrán Martiz recuerda que cuando acudió con esos datos ante el entonces fiscal estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, éste desestimó sus pruebas y se negó a realizar una diligencia en las instalaciones policiacas.

Esta omisión sería señalada en la recomendación 14/2015 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno de Duarte de Ochoa, la cual pone en evidencia la participación de la policía estatal en la desaparición de Gibrán Martíz y de dos jóvenes más, así como la negligencia de la fiscalía.

La prueba de que el teléfono celular de mi hijo estuvo en la academia de policía (se hicieron dos llamadas, el 8 y 9 de enero desde la academia) la aporté yo, y nunca fue investigada, reprochó Efraín Martiz.