Al consumarse la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Senado debe designar a su sucesor a la brevedad posible para no afectar los próximos comicios, advirtieron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes demandaron que los legisladores garanticen la imparcialidad y la autonomía de quien ocupará el cargo.

Aparte, el PAN en la Cámara de Diputados consideró que existe un ‘‘vacío institucional’’ por la falta de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fepade. A esto, el coordinador priísta, César Camacho, respondió que ‘‘hay procuraduría y fiscalía más allá de las personas’’.

En el INE, el consejero Benito Nacif sostuvo que el procedimiento de designación debe buscar el mayor consenso posible para un funcionario clave en la procuración de justicia en materia electoral. ‘‘No puede ser un nombramiento unilateral, sino debe contar con el respaldo de la mayor parte de las fuerzas políticas’’.El Senado debe garantizar que el nuevo fiscal ‘‘cuente con las garantías institucionales para su desempeño autónomo’’.

La consejera Pamela San Martín dijo que la destitución de Nieto no puede mirarse al margen del contexto de su salida –el caso Odebrecht–, por lo que consideró necesario que el Senado designe a su sucesor a la brevedad posible, pero ‘‘siguiendo un procedimiento transparente, público’’, como debió haber sido la remoción de Nieto.

El también consejero Marco Antonio Baños censuró la forma ‘‘inadecuada e inusual’’ como fue removido Nieto Castillo y se manifestó porque el Senado asuma que de cara a un proceso electoral las instituciones vinculadas deben estar plenamente integradas.

El coordinador panista en San Lázaro, Marko Cortés, atribuyó al gobierno federal haber ejercido ‘‘presiones al límite para que Nieto’’ desistiera de continuar la objeción a su cese. Consideró que la falta del procurador y el fiscal electoral forma parte de una estrategia para mantener en la impunidad los casos de corrupción en los procesos electorales.