El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo dejó 65 carpetas de investigación abiertas relacionadas con el proceso electoral que se inició el pasado 8 de septiembre.

La mayoría de los expedientes tienen que ver con la alteración al Registro Federal de Electores (RNE) y turismo electoral, cinco por peculado y cuatro por fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Una de las principales líneas de investigación era la generación de empresas fantasmas que han aportado recursos a campañas electorales. Según el ex fiscal, trabajaba de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE) para mejorar las condiciones ante las elecciones presidenciales del próximo año y para evitar que las personas, sin que en realidad cambien residencia, hagan el cambio de domicilio en un módulo del INE para votar por un partido en otro distrito, municipio o estado.

También quedaron pendientes siete averiguaciones por presunto desvío de recursos destinados a damnificados de los sismos de septiembre en Morelos, Puebla, Oaxaca, estado de México y Guanajuato, lugares donde, de acuerdo con la fiscalía, las denuncias se presentaron contra quienes gobiernan esas localidades.

En su momento, como fiscal, Nieto declaró que la corrupción ‘‘es uno de los elementos que generan mayor inquietud’’ en los procesos electorales y que se presenta en gran medida durante las campañas.

De enero a septiembre de este año la fiscalía, con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Comisión Nacional de Seguridad, había cumplimentado 200 órdenes de aprehensión concedidas por diferentes jueces en todo el país por delitos electorales.

La lista la encabezaban Quintana Roo, con 74; Veracruz, 38; Puebla, 20; estado de México y Nuevo León, 13 cada entidad; Sonora, nueve; Jalisco, ocho; Chiapas, siete, y Zacatecas, cuatro. En Baja California, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, dos en cada territorio, y una en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Tabasco.

Asimismo, en las elecciones del pasado 4 de junio en cuatro entidades, la Fepade detectó que el estado de México y Veracruz fueron las que tuvieron más denuncias por compra del voto, condicionamiento de programas sociales y malversación de fondos. Además, del primero de septiembre de 2016 al 24 de marzo de este año se abrieron 2 mil 129 expedientes, de los cuales mil 481 fueron carpetas de investigación y 648 averiguaciones previas en esos estados.