La Fundación Juconi presentó en el Senado el documento Directrices para la reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes, en el que destacó que para que un menor sea reintegrado a la familia, ésta debe estar dispuesta a recibirlo y a asumir su responsabilidad; el ambiente del hogar debe ser seguro y los padres deben comprender lo que le sucedió a su hijo y la manera en que esto afectó su bienestar.

Se trata –señala el documento– de menores de edad (niñas, niños, indígenas o adolescentes) que han sido apartados de la familia para desempeñarse en otros estados como trabajadores domésticos, donde son explotados, víctimas de abuso, discriminados; niños que viven en la calle, menores víctimas de desastres naturales o que han resultado perjudicados por conflictos armados y donde son obligados a ser soldados, o infantes y adolescentes captados por redes de explotación sexual.

Al participar en el Senado en la presentación de esas directrices, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que en septiembre de 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, había en el país 33 mil 118 menores en alojamientos de asistencia social, pero en 2016 la CNDH identificó 26 mil 501, de los cuales la mayoría sí cuentan con una familia.

Apuntó que la CNDH ha expresado en diversos momentos que la institucionalización de niños y adolescentes debe ser el último recurso a utilizarse por parte del Estado para salvaguardar sus derechos.

Gonzalez Pérez destacó que la institucionalización de los menores en centros de asistencia pública y privada debe ser una medida temporal, deben reintegrarse lo más pronto posible al seno familiar, donde puedan vivir con amor, seguros, libres de violencia.

El ombudsman nacional indicó que es vital la unión de las familias, y con estos lineamientos cobran mayor relevancia las acciones y políticas dirigidas al fortalecimiento familiar.

A su vez, el coordinador de Vinculación, Dependencias y Órdenes de Gobierno, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Daniel Ponce Vázquez dijo que las directrices serán el insumo fundamental para que las comisiones del sistema puedan incorporarlo a su agenda y para avanzar en la formulación de políticas públicas que integren el principio fundamental del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Carlos Manzo Gjumlich, director general de Coordinación y Políticas Públicas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que se trata de una herramienta que consolidará la asignatura pendiente sobre la reintegración de familias, la cual debe ser prioridad, pues hasta hoy no existía documento que la refiera.

Erasmo Lara Cabrera, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la cancillería cuenta con un protocolo de atención consular para menores, ejemplo de la importancia de este tipo de herramientas para hacer realidad los derechos de niñas, niños y adolescentes.