o podría ser tan similar la derecha que vuelve en países de América Latina y esa misma derecha en los años 1980/1990, en sus programas de gobierno. Aplican duros ajustes fiscales, a partir de los mismos diagnósticos que criminalizaban los gastos estatales, las políticas sociales, los derechos de los trabajadores. Los gobiernos de Macri y de Temer no toman en cuenta que ese mismo programa se ha agotado, ha terminado por fracasar y ha sido sustituido por gobiernos que han resultado, disminuyendo significativamente la pobreza y la exclusión social.

Pero la derecha no tiene nada distinto que proponer, han fracasado los intentos de terceras vías, que han revelado no son tales, sino formas disfrazadas del mismo proyecto neoliberal. De ahí que no se trata de superación de los gobiernos antineoliberales, sino de la reanudación pura y dura de los programas neoliberales que han llevado a países del continente –Argentina como modelo más acabado– a las peores crisis de su historia.

Lo que cambian son las formas de acción de esa misma derecha, buscando nuevos esquemas de acción, para tratar de imponer su viejo modelo. Lo que caracteriza hoy la acción de la derecha latinoamericana no son nuevas propuestas para terminar con la desigualdad y la exclusión social, sino métodos de acción nuevos, para volver a sus antiguos proyectos.

Es una tragedia para la democracia cuando el Poder Judicial, en lugar de ser el gran defensor del estado de derecho, se compromete, al contrario, con violencias en contra de la democracia. Más todavía cuando participa de una colusión con los medios monopolistas privados, para constituirse como fuerza política –a veces incluso partidaria– de derecha.

El uso de las leyes como instrumento con objetivos políticos concretos es lo que se llama lawfare, vocablo que conscientemente tiene orígenes en la palabra guerra, porque de eso se trata: de desatar una verdadera guerra en contra de líderes políticos democráticos y populares, buscando desgastar su imagen pública e incluso inviabilizar su participación política mediante acumulación de sospechas y de procesos judiciales.

Lo que hay de nuevo en la forma de acción de la vieja derecha es una alianza explícita entre sectores del Poder Judicial –y de la policía– con los medios, para la espectacularización de procesos judiciales y acciones policiales, y para hacer efectiva la judicialización de la política. Una alianza sin la cual ni los medios tendrían mayor efecto en sus reiteradas denuncias, ni el Poder Judicial y a policía lograría pasar en la opinión publica la imagen de corrupción de los líderes populares y de sus partidos.

En una declaración a un juez que lo acusa sin pruebas en tantos procesos, en Curitiba, ese juez intentaba impedir que Lula hablara de la colusión que el juzgador y sus comparsas llevan a cabo con los medios, alegando que era un tema fuera del proceso. Lula se impuso, reiterando cómo los jueces hacen llegar, de manera privilegiada y fuera de cualquier procedimiento legal, informaciones reservadas a los medios. Cómo los jueces no sólo hablan fuera de los autos de los procesos, cómo aparecen reiteradamente en portadas de revistas y diarios, así como sus mismas esposas, y en fiestas de líderes políticos de derecha, además de evidenciar sus posturas serviles con el mismo presidente Temer, el jefe de toda la corrupción en Brasil. Lula logró imponer la idea de que es parte esencial de la operación de judicialización de la política la participación de los medios, en promiscuidad absoluta con el Poder Judicial.

Sin poder cuestionar las políticas de prioridad de los programas sociales, que evidencian, en gran medida, el éxito de esos gobiernos y el prestigio en las capas populares de los presidentes, los dirigentes de la nueva derecha intentan desplazar el debate hacia los gastos estatales, como si fueran los responsables de la crisis económica. Y tratan de desplazar el debate sobre el significado de los líderes de los gobiernos populares hacia supuestas irregularidades que habrían cometido, incluyendo el cuestionamiento judicial a medidas de gobierno.

Cuando se acercan elecciones, se montan operativos especiales, para copar el clima político, buscando réditos inmediatos. En los comicios municipales del año pasado en Brasil, se retomaron acusaciones antiguas contra Lula, se apresó a ex dirigentes del Partido de los Trabajadores, todo con gran despliegue mediático, revelando que se trata de la gran carta de que dispone la derecha.

En vísperas de los comicios PASO, en Argentina, se desplegó nueva ofensiva en contra de Cristina Fernández, así como, ahora, cuando se acercaban las elecciones, se retomaron casos como el de Nisman –con una indecente supuesta reconstrucción en imágenes de los que habría sido su asesinato–, así como otras acusaciones en contra de la ex presidenta, en perspectiva de la disputa electoral, en particular en la provincia de Buenos Aires.

Esos son los nuevos métodos de la vieja derecha, cuyos objetivos son los mismos: acaparar el poder político en manos de la banca privada, destruir el patrimonio público, los derechos de los trabajadores y los programas sociales, así como la soberanía en la política externa de nuestros países. Lo único nuevo es ese método de colusión entre el Poder Judicial y los medios.