Buenos Aires.

La censura política, mediática, cultural, entre otras, y la aplicación de una justicia de doble vara se incrementó en forma alarmante en Argentina, y en ese marco la juez Elizabeth Paisan, sobreseyó al presidente Mauricio Macri, investigado desde hace dos años por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y falsificación de su declaración jurada, en una acción judicial ya común, cuando se trata del jefe de Estado o sus funcionarios, como es el silencio sobre las documentadas denuncias de los Papeles de Panamá y las cuentas offshore, que complican a la mayoría del gabinete.

Además, Paisan sobreseyó al empresario Nicolás Caputo, amigo del presidente. Macri fue denunciado por irregularidades e inconsistencias en sus distintas declaraciones juradas durante su gestión como jefe de gobierno de Buenos Aires y la que presentó ante la Oficina Anticorrupción en 2014, por su candidatura presidencial, indicó Clarín.

La juez Paisan se apoyó en el dictamen de la titular de la Fiscalía en la materia, que determinó que nunca existió por parte del imputado la intención de omitir maliciosamente sus bienes y expuso que la totalidad de su patrimonio se encuentra declarado. Por lo tanto, la magistrada concluyó que las discrepancias obedecieron a los distintos criterios de carga que manejan los organismos receptores.

Por otra parte, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar de la juez Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso un embargo de ocho millones de pesos sobre el primo del mandatario Jorge Macri, alcalde de Vicente López, acusado por lavado de dinero mediante la compra de un departamento en Miami por unos 400 mil dólares, medida que alcanzaba también a su esposa Florencia de Nardi, lo que no estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite, según el texto de la resolución.

Todo esto se produce mientras el ex ministro de Planificación y diputado Julio de Vido está ilegalmente detenido cuando ni siquiera ha sido indagado, porque supuestamente podría entorpecer la causa, algo nunca visto en el país.

Censura

La censura contra periodistas inició a escasos días de la llegada al gobierno de Macri cuando por decreto acabó con la ley de medios audiovisuales considerada un ejemplo de democratización de la información y de allí con el cierre de numerosos programas y despidos de periodistas por cuestiones ideológicas, que suman más de dos mil 500 en todo el país. Se han cerrado además centenares de radios comunitarias, mientras el Grupo Clarín abrió cien nuevas radios en todo el país.

En estos momentos, el Grupo Indalo, dueño del único canal de televisión C5N que tenía tres programas críticos o de investigación sobre medidas gubernamentales, fue comprado por Ignacio Jorge Rosner -en representación de OP Investments- quien fue socio de Macri y también gerente en Papel Prensa, empresa entregada por la pasada dictadura militar a los diarios Clarín y La Nación.

Esto comenzó con presiones como la que hizo el gobierno para que se despidiera a Roberto Navarro en el programa de Economía Política, que denunció varios casos de corrupción gubernamental. Los dueños de Indalo reconocieron que recibieron presiones del gobierno para hacerlo.

Por estas horas, Página 12 denunció las acciones del gobierno contra ese diario y el grupo de medios que integra. La abrumadora mayoría de los avisos publicitarios se concentra en los medios que le otorgan (al gobierno ) el blindaje que hasta ahora disfruta y dejan afuera las miradas críticas señala una nota del rotativo.

Explica además que las planillas sobre distribución de la publicidad oficial en el primer semestre de 2017, emitidas por la Jefatura de Gabinete, dejan clara la persecución contra el grupo Octubre, propietario de Página 12, y contra las voces disidentes del gobierno de Macri.

A la vez, muestran el abrumador favoritismo del grupo Clarín en el reparto de los fondos del Estado, en todos los rubros. El diario Clarín recibió del Estado 54 millones 613 mil 989.52 pesos frente a 3 millones 206 mil que se le asignaron a Página 12 en el mismo período. La Prensa, hoy prácticamente desconocida para el gran público, recibió el doble que Página 12 y en el caso de Perfil, que sólo sale dos veces por semana, casi le fue otorgado el triple.

Todos estos no son hechos aislados, sostiene el periódico afectado, ya que el Estado le dio a Radio Mitre, del Grupo Clarín, 39 millones 600 mil pesos durante el primer semestre de 2017 mientras que la AM750, del Grupo Octubre, prácticamente no recibió nada de publicidad a pesar de que la empresa Ibope señala esta radio está en pleno crecimiento. En la televisión por cable TN y C5N tienen casi el mismo nivel de audiencia pero el cable del grupo Clarín recibe cinco veces más publicidad oficial que el cable del grupo Indalo.

Por todo esto considera que esta arbitraria persecución no puede desligarse de la ofensiva que diferentes medios, con aceitados lazos con el Gobierno, y proclives a otorgar espacio a las más variadas operaciones de inteligencia, vienen desplegando en contra del secretario general del Sindicato y la Federación de Empleados de Edificios, Víctor Santa María, quien también es director del Grupo Octubre, al que pertenece ese diario junto a otros medios de comunicación y emprendimientos educativos y culturales, señala el periódico.

La estrategia parece clara: concentrar los fondos en los amigos de la Casa Rosada y perseguir a quienes se oponen a las políticas de ajuste. La discriminación salta a la vista en todos los aspectos, señala Página 11 y afirma que el gobierno parece decidido a cerrar toda discusión y a ahogar cualquier intento de información que no provenga de sus funcionarios, sostenedores y amigos, incluidos en primer lugar los medios masivos que le otorgan el blindaje que hasta ahora disfruta.