Pese a haber sido aprobada a mediados de octubre, la Ley General de Desaparición Forzada no ha sido promulgada y en el Presupuesto de Egresos 2018 no se asignaron recursos suficientes para hacerla funcionar, ‘‘lo cual deja ver la falta de voluntad política real de las autoridades para erradicar este crimen’’.

Afirmaron lo anterior integrantes de colectivos de la sociedad civil, quienes advirtieron que las elecciones presidenciales del año entrante y los trabajos de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre, podrían ser utilizados como ‘‘pretextos’’ para dejar sin fondos a la nueva norma por tiempo indefinido.

Valentina Peralta, integrante de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, alertó que la falta de presupuesto suficiente para diversos organismos y normas es una práctica recurrente de las autoridades mexicanas, lo que hace que la aprobación de leyes en las cámaras se convierta en un ‘‘esquema de simulación’’.

En este escenario, las necesidades de reconstrucción por los recientes sismos podrían ser usadas como excusa para dejar la ley de lado. ‘‘Si bien el tema de los temblores es ineludible, cada minuto que pasan los padres y hermanos de los desaparecidos sin sus seres queridos también es una emergencia’’, resaltó la activista.

Comicios, otro factor

Otro tema que podría dejar a la norma sin fondos es la utilización de cuantiosos recursos para las elecciones presidenciales de 2018, en las cuales los partidos ‘‘gastarán de forma indiscriminada para mantenerse en el poder o llegar a él. Todos los demás presupuestos se van a recortar para mandarlos a la canasta de las elecciones’’.

Peralta indicó que ‘‘aunque sabemos que la ley no puede implementarse al 100 por ciento, al menos debería garantizarse que las acciones de búsqueda no se retrasen y que se empiece con el procesamiento de identidad genética de todas las personas que están como ‘no identificadas’ en las fosas comunes’’.

Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, destacó por su parte que la desaparición de miles de personas en México es un fenómeno tan grave que ni siquiera tendría que haber pretextos para no darle los recursos necesarios a las leyes y organismos encargados de combatir este flagelo.

El verdadero problema no es la carencia de fondos, ‘‘sino que no hay voluntad política. No es que no puedan o que no haya dinero. Los desaparecidos no son su prioridad’’, asentó.