El gobierno del estado de México informó de la destitución del director del penal Neza-Bordo, José Duarte Franco, luego de darse a conocer los videos tomados por los propios internos en los que registran sus métodos para exigir al resto de la población penitenciaria dinero y bienes a cambio de no agredirlos físicamente o asesinarlos. En lugar del funcionario destituido quedó Miguel Ángel Correa Peralta.

Asimismo, confirmó que Luis Fernando Arias El Tatos, cabecilla del grupo que sometía al resto de los internos, procesado por secuestro, extorsión y homicidio calificado, y dos de sus cómplices fueron trasladados a otros centros penitenciarios.

En un comunicado, 18 horas después de que fueron difundidos los audiovisuales, el gobierno del priísta Alfredo del Mazo anunció el cese del funcionario, quien llegó a la dirección del penal en junio pasado, tras el cese de su antecesor por la muerte de un interno.

El cabecilla y sus dos cómplices son investigados por la muerte de un reo el pasado 12 de septiembre; el deceso de éste, en un inicio, fue certificado como suicidio, pero su cuerpo tenía huellas de tortura, y la piel del pecho, pies, manos y genitales, con quemaduras.

Su esposa advirtió en una carta a las autoridades, del temor fundado de que fuera asesinado por El Tatos y su grupo, quienes exigían dinero para no golpearlo.

La contraloría interna de la Secretaría de Seguridad también investiga las acciones de violencia que estos tres sujetos infli-gían a otros reos para extorsionarlo, y se dio vista a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública y Custodia del Estado de México para determinar la responsabilidad de servidores públicos.

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de estado de México a cargo de Jorge Olvera García, inició un queja por las denuncias de tortura y extorsión en el penal estatal Neza-Bordo, y ordenó una visita del personal del organismo a la cárcel.

Olvera García informó que de facto se pidió a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, medidas precautorias para garantizar la integridad y la vida de quienes presumiblemente son sometidos a actos de tortura, tanto familiares como víctimas.

En ese sentido, Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en este caso se requiere una investigación imparcial, independiente y efectiva para aclarar la violencia en el referido penal.

Maissa Hubert, investigadora de la ONG Documenta, dijo que pese a la gravedad de la situación, las autoridades no han usado herramientas como la Ley General de Ejecución Penal –aprobada en junio de 2016– que las facultaría para solicitar más supervisión en las cárceles del país, tanto de organismos gubernamentales como civiles.

(Con información de F. Camacho Servín.)