En el presente sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha investigado denuncias contra 24 secretarios de Estado, 33 subsecretarios y mil 745 directores generales de la administración federal, expuso ayer Arely Gómez González.

Al comparecer en la Cámara de Diputados, dio a conocer el freno impuesto por la empresa Odebretch a esa dependencia, mediante la promoción de un amparo –otorgado por juzgados federales–, para impedir la publicidad de resultados de tres líneas de investigación por actos de corrupción.

Acompañada de una impresora digital inalámbrica, en la que recibió durante toda la comparecencia tarjetas escritas al momento por sus asesores para responder a las preguntas de los diputados, la titular de la SFP refirió como compromiso cumplido las recuperaciones derivadas de sanciones impuestas a funcionarios, cuyo monto ascendió a casi mil 400 millones de pesos durante el ejercicio 2016-2017.

En el podio del Salón Verde, al centro figuró la funcionaria con su impresora. Por momentos titubeaba al dar lectura a las tarjetas, pero aun así se mantuvo impasible ante los cuestionamientos que redundaron en el rampante –e imparable– fenómeno de la corrupción.

Desde el inicio de su intervención Arely Gómez se adelantó a las preguntas sobre el escándalo Odebretch. “Hasta el momento tenemos iniciados ocho procedimientos administrativos sancionatorios, respecto de los cuales en tres de ellos la Secretaría de la Función Pública estaba lista para emitir las resoluciones correspondientes. Sin embargo, la semana pasada el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo para el efecto de que dichas resoluciones no sean emitidas.

En este sentido les quiero informar que si bien esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, la SFP usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso.

Acerca del socavón en el Paso Exprés, refirió a la documentación de 22 observaciones por un monto por aclarar de mil 34 millones de pesos.

Al referirse a la recontratación de servicios desde instancias federales con universidades públicas, señaló que desde su llegada a la SFP, en octubre de 2016, se han reducido los montos pasando de 12 mil 905 millones de pesos a 95 millones, y los contratos de mil 458 en 2014 a tan sólo 105 el día de hoy.

Al abordar el caso Odebretch –que duró buena parte de la comparecencia– insistió en defender el trabajo realizado durante su administración, pues se iniciaron los ocho procedimientos administrativos, de los cuales ya existen conclusión en tres.

Las críticas al combate de la corrupción, tal y como la enfrenta el gobierno federal, provinieron de Agustín Basave (PRD), Francisco Javier Pinto Torres (Panal), Candelaria Ochoa Avalos (MC) y Araceli Damián (Morena).

La diputada de Morena, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, reprochó a Arely Gómez su paso por la Procuraduría General de la República (PGR) y su estancia en la Función Pública. La critica contra la secretaria endilgó a Araceli Damián un vendaval de gritos de los priístas Yulma Rocha y Aarón González.

Con ironía, Aracely Damián les recriminó: “Cuando ladran los perros es que estamos avanzando…”, en referencia a El Quijote.