Buenos Aires.

Violando el estado de derecho, antes de una indagatoria previa, el ex ministro argentino de Planificación y diputado del Frente para la Victoria (FpV), Julio de Vido, fue detenido este miércoles después de una escandalosa sesión legislativa en la que con los votos de la oficialista Cambiemos y de supuestos opositores al gobierno de Mauricio Macri y sin la presencia del bloque de su bancada, se aprobó su desafuero.

Detrás de esta serie de irregularidades jurídicas están los jueces Claudio Bonadío y Luis Rodríguez, quien anteriormente determinó que no existían pruebas para esta detención. También está el fiscal Carlos Stornelli, activo militante contra el gobierno anterior, quien fue el primero en pedir la detención y el desafuero de De Vido, y la Cámara Federal donde Martín Irurzum otra figura del llamado Partido Judicial prácticamente forzó al magistrado Rodríguez a replantear su anterior resolución y a crear la figura jurídica, de la posible capacidad de perturbación que podría tener el hoy detenido ex ministro.

Rodríguez había previsto la indagatoria por una causa de la minera estatal de Río Turbio, donde no había encontrado pruebas suficientes, para el próximo 28 de noviembre, pero ahora conminado por la Cámara Federal, adelantó imprevistamente la fecha y pidió el desafuero y la detención.

El grado de impunidad con que sucede lo que llaman varios analistas una cacería de ex funcionarios kirchneristas, lo demuestra el hecho de este adelanto de fecha y de haber preparado todo un escenario para detener a De Vido en su casa o la de sus hijos, lo que el ex ministro evadió yendo por su cuenta a presentarse a la indagatoria, evitando el lamentable circo armado por el gobierno, los jueces y los medios de comunicación.

Esto es evidentemente una persecución política disfrazada de acción judicial, dijo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien advirtió sobre la absoluta violación del debido proceso y las garantías procesales y del estado de derecho. De Vido se negó a declarar y fue llevado primero a una revisión médica, ya que padece diabetes y luego a la cárcel de Ezeiza.

De la misma manera se denunció el uso del término de que podía perturbar la causa, por el poder que De Vido tenía, cuando en realidad es un diputado de un partido de oposición perseguido.

En estos días el diario La Nación en su portada dio cuenta que el gobierno de Macri presionaba a los gobernadores -en lo que sectores opositores mencionan como una extorsión- amenazando no enviar los fondos que les pertenecen para ponerlos en difícil situación frente a sus gobernados, para que ordenen a sus diputados votar como lo hicieron este miércoles.

De esta manera un ex funcionario si es denunciando por los medios oficialistas, sin pruebas y por las figuras más activas del gobierno es suficiente para invertir las normas donde el denunciado debe defenderse y demostrar su inocencia , mientras el acusador no tiene que presentar una prueba, como lo demanda la justicia, señala un grupo de investigadores periodísticos que sigue estas causas.

Doble moral

También se menciona la doble moral cuando sólo se persigue a los ex funcionarios y se silencia a los jueces que investigan las cuentas offshore que tenía el presidente Macri y sus funcionarios en el exterior y que surgieron en la investigación de Los Papeles de Panamá, o las denuncias de la brasileña empresa Odebrecht, en cuya causa figurea el monto de dinero de sobornos y hasta los bancos adonde se depositaba a nombre de Gustavo Arriba, hoy el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Lo más grave sucedió en la Cámara de Diputados donde votaron el desafuero además de Cambiemos el bloque del Frente Renovador, de Sergio Massa, que ha aprobado las medidas más duras del gobierno, lo mismo Diego Bossio, quien fue votado con el FpV y casi de inmediato traicionó a esta fuerza y formó un bloque a nombre del Partido Justicialista.

La izquierda trostkista también votó por el desafuero, alegando que como vino el pedido de un juez, aunque el deber de los legisladores es estudiar el caso y las pruebas que existen, lo que no se hizo.

El bloque del FpV, de 73 diputados, decidió no bajar al recinto. No vamos a convalidar lo que entendemos como un plan de persecución a los opositores, fundamentó el presidente de la bancada Héctor Recalde y ejemplificó que en ese marco hoy fueron a declarar a (los tribunales) de Comodoro Py Axel Kicillof y Andrés Larroque, y mañana le toca el turno a la senadora electa Cristina Kirchner.

También otro hecho grave fue que Macri felicitara hoy al ex ministro de Interior y Transporte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo por haberlo ayudado en la elección de 2015 y en las legislativas ahora, lo que indica que el movimiento Cumplir que enfrentó a la ex mandataria en nombre del peronismo, tenía acuerdos con el macrismo.

Caso Maldonado

Una de las sospechas de los organismos de derechos humanos, es que estos circos montados por el eje del gobierno, la justicia y los medios intenta ocultar ahora la causa de la desaparición de Santiago Maldonado durante 80 días y de la aparición de su cadáver el pasado 17 de octubre.

De inmediato tanto el gobierno como los medios comenzaron a especular con las supuestas declaraciones de un testigo E, en realidad un joven mapuche, quien había acusado a la gendarmería, pero que ahora arrepentido habría confesado que Maldonado se ahogó mientras cruzaba el río con él y que también orientó el lugar donde estaba el cuerpo.

El juez del caso Gustavo Lleral salió de inmediato a desmentir estas notas del periódico Clarín, que apoyaron funcionarios del gobierno advirtiendo que en la causa no hay ningún testigo E y que se rastrilló por sugerencia de la Prefectura Naval.

De la misma manera, la familia Maldonado emitió un comunicado ante las nuevas maniobras de encubrimiento que se advierten desde el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que todo lo actuado desde un primer momento en el caso Maldonado fue llevado por abogados y representantes de organismos de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en Montevideo, donde se decidirá la medida que se tomará contra el gobierno de Macri, al no cumplir las resoluciones de ese organismo en el caso de la dirigente social Milagro Sala, detenida ilegalmente y sin pruebas. También viajaron sindicalistas para denunciar las violaciones a los derechos humanos y de los pueblos y de los trabajadores y el tema de las mentiras publicadas por los medios en Argentina, de lo que es un ejemplo el caso Maldonado, que se llevará ante distintas organizaciones internacionales.