Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años señalaron al Estado mexicano de seguir poniendo trabas a la investigación del caso, en una actitud que los mata poco a poco, y lamentaron que los escasos avances en la indagatoria sean echados abajo por declaraciones de ex funcionarios que aún reivindican la verdad histórica (presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam), pese a que ésta ya fue descartada científicamente.

Durante las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebradas ayer en Uruguay, como parte del 165 periodo ordinario de sesiones, los familiares de los normalistas desaparecidos se encontraron nuevamente con representantes del Estado mexicano, a quienes reprocharon su falta de compromiso para resolver el caso.

Se han burlado del dolor de nosotras como madres y cada mentira es destruirnos más. Nos están matando poco a poco y no podemos avanzar, porque cada vez que hay algo ellos nos ponen trabas para no seguir, afirmó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes atacados el 26 de septiembre de 2014.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, subrayó que el cronograma del gobierno mexicano para avanzar en las indagatorias sobre Ayotzinapa se concentra en detalles del tema, pero diluye la visión integral de lo ocurrido, y lamentó que se sigan dando pasos notoriamente incompletos que no agotan las líneas de investigación que han sugerido los familiares de los jóvenes.

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó los constantes actos de mala fe del gobierno mexicano hacia los familiares de los normalistas, entre ellos las declaraciones de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien ha reivindicado en varias ocasiones la validez de la llamada verdad histórica.

El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, fue el principal encargado de atajar las críticas de los padres y sus abogados al admitir que los familiares de los estudiantes tienen razón de estar molestos porque ya se cumplieron tres años de ocurrida la desaparición de sus seres queridos. Aun así, les pidió trabajar juntos, unidos en lo posible, para dar con el paradero de los jóvenes.

Como pruebas de que el gobierno sigue trabajando en el caso, dijo que la Procuraduría General de la República ya analizó los datos de los teléfonos celulares tanto de los normalistas como de sus agresores, y que ya definió más de 270 sitios en un área de 60 kilómetros cuadrados donde se realizará una nueva búsqueda, usando la llamada tecnología Lidar.

Al hacer preguntas y comentarios a las posiciones de ambas partes, los comisionados de la CIDH James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas cuestionaron el papel de Zerón de Lucio al defender hipótesis imposibles y descartadas, y subrayaron que es casi inconcebible desconocer después de tres años la responsabilidad de todos los funcionarios públicos involucrados en la desaparición.