Brasilia.

La juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Rosa Weber, suspendió este martes, de manera cautelar, la aplicación de un decreto emitido por el gobierno del presidente Michel Temer que modifica la definición y el control de las reglas de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud.

Estas disposiciones vulneran los principios primarios de la Constitución, evaden la protección adecuada y suficiente de los derechos fundamentales, y no están en sintonía a los compromisos internacionales sobre trabajo esclavo asumidos por Brasil, indica el fallo de la magistrada.

La enmienda publicada el pasado 16 por el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, determina que las jornadas extenuantes y condiciones degradantes laborales, a partir de ahora, se considerarían trabajo análogo a la esclavitud si sólo había restricción de libertad del trabajador.

Además, la denominada lista negra, donde se nombran a todas las compañías que incurren en ese tipo de actos ilícitos, sería divulgada por el Nogueira y no por el cuerpo técnico del Ministerio del Trabajo encargado de realizarla.

Al atender la medida cautelar presentada por el partido Red de Sustentabilidad, Weber también concluyó que las disposiciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo pueden comprometer los resultados obtenidos durante años de desarrollo de políticas públicas de combate a las prácticas de imponer a los trabajadores condiciones análogas a la esclavitud.

Los cambios recibieron duras críticas de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y agrupaciones sociales.

De momento la decisión de la juez es temporal y habrá que esperar una resolución definitiva de los 11 magistrados del STF. Aún no hay fecha para ello.

El diputado Alessandro Molon afirmó que el gobierno busca con este cambio asegurar el apoyo de los más de 200 legisladores de la bancada rural para que Temer evada este miércoles ante el Congreso su segunda denuncia por corrupción, la cual necesita 250 votos de los 531 diputados para que sea archivada.