Mientras en nueve países de América Latina diversas personas han recibido sentencias penales por estar involucradas en el escándalo Odebrecht, empresa brasileña que ofrecía sobornos para obtener contratos de gobiernos, en México, por ahora, las pesquisas no han provocado consecuencias legales, aunque las investigaciones se mueven en tres vertientes: la penal, por conducto de la Procuraduría General de la República; la electoral, a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en entredicho ahora con la remoción de Santiago Nieto, y la administrativa, ejecutada por la Secretaría de la Función Pública.

Los alcances de las indagatorias han sido diversos. En Brasil se ha involucrado a ex presidentes –Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff– y en Perú, al ex mandatario Alejandro Toledo. Ellos son los políticos relacionados en las estratagemas de Odebrecht y que en su momento alcanzaron el más alto rango en cargos públicos.

Las investigaciones relacionadas con el escándalo revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la justicia brasileña han tenido avances a ritmos diferentes fuera de Brasil, donde estalló originalmente el escándalo que golpeó a importantes figuras de la clase política.

En Colombia, las aprehensiones alcanzaron al ex viceministro de Transportes Gabriel García, además de congresistas y contratistas. En semanas recientes la Corte de ese país llamó a comparecer, por escrito, al presidente Juan Manuel Santos.

Las secuelas del caso en Perú alcanzaron al ex presidente Toledo y a ex viceministros, en tanto que en Ecuador, tras darse a conocer las ramificaciones de la empresa, se congelaron los pagos a Odebrecht, se arrestó a ex funcionarios de PetroEcuador por lavado de activos y se hizo moción de censura al ex contralor Carlos Polít.

En México, uno de los países donde se reveló también la existencia de sobornos, las investigaciones han ido en tres vertientes.

De acuerdo con las informaciones, en el caso de Venezuela, el ex director de Odebrecht en ese país, Euzenando Azevedo, dio a conocer que la empresa financió parte de la campaña de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2013.

En Panamá se acusó a 62 personas, en septiembre pasado, de haber cometido ilícito como parte del caso Odebrecht. De ellas ocho se mantienen en prisión preventiva o en arresto domiciliario, como parte de 22 causas relacionadas con acciones ilegales de la empresa brasileña en ese país.

En la lista de países en los cuales Odebrecht realizó operaciones en mayor o menor medida se encuentra Argentina, donde la empresa reconoció haber dado sobornos por 35 millones de dólares para obtener contratos entre 2007 y 2014.

En Guatemala las investigaciones abarcan una red de 135 personas relacionadas con contratos irregulares con la empresa brasileña.