Madrid.

El conflicto entre Cataluña, que reivindica el derecho a la autodeterminación para erigirse en república independiente, y España, que alega que su territorio es indivisible, entra en una semana crucial.

Hay dos escenarios: en Barcelona, el Parlamento regional convocó a un pleno para el próximo jueves, en el que cabe la posibilidad de que se declare la independencia de forma unilateral; y en Madrid, ese mismo día el Senado español votará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que entraría en vigor el viernes e implica la destitución del gobierno catalán, el control del Legislativo regional y el plan para convocar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de seis meses.

El Senado español informó que ya se integró la comisión que analizará y debatirá la propuesta presentada el pasado sábado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Se prevé que este jueves se celebre el pleno y que la votación para su entrada en vigor sea el viernes, con la posible intervención del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien según fuentes de su gobierno está considerando acudir a Madrid para defender la autonomía de las instituciones catalanas ante el Congreso español.

Mientras, en Cataluña crece la indignación por lo que califican de “golpe de Estado de facto” e incluso desde sectores del gobierno y algunos sindicatos se advierte que no acatarán otra autoridad que la actual. En Madrid, el gobierno español confirmó que no existe ningún tipo de interlocución con la administración catalana y que a partir de este sábado su presidente y consejeros perderán todas sus atribuciones.

El primer paso para que entre en vigor el plan de Rajoy, que fue consensuado con los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos, fue la puesta en marcha de la comisión, que dio de plazo hasta el próximo jueves al mediodía a la Generalitat de Cataluña para que envíe por escrito sus alegatos y designe a un representante que acuda a defenderlos. El dictamen para la aplicación del artículo 155 se votará el jueves por la tarde.

El siguiente paso será llevarlo al pleno para su votación el próximo viernes, donde con toda seguridad saldrá adelante, toda vez que entre PP, PSOE y Ciudadanos cuentan con 214 de los 266 escaños, es decir, más de 80 por ciento de la cámara. A esta sesión es probable que acuda el presidente Puigdemont a defender su postura sobre la suspensión.

De hecho su presencia en Madrid estará condicionada a lo que se decida en los próximos días en el Parlamento catalán y en el seno de la coalición de los partidos independentistas, pero sus estrategias en este momento crucial son distintas.

El Partido Demócrata de Catalunya, que es la formación del presidente Puigdemont y representa el ala derechista del nacionalismo, votó en su anterior reunión ejecutiva por una propuesta en la que se comprometieron a apoyar al presidente catalán en caso de que declare la independencia para defenderse de la intervención del Estado español en sus instituciones, si bien hay algunas voces, sobre todo las más vinculadas al empresariado, que reclaman una salida pactada, incluso un paso atrás para no tensar más situación.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular (anticapitalistas y anarquistas) hay coincidencia en que la única salida a esta encrucijada es la desobediencia civil y la declaración inmediata de la secesión. Además, abogan por llamar a la ciudadanía y a sus funcionarios a una resistencia pacífica ante una eventual toma de las instituciones catalanas por el Estado español.

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, aseguró: nuestros funcionarios no seguirán órdenes de Madrid. El pueblo ha decidido democráticamente durante años el gobierno que quiere, el Parlamento que quiere y esas son las instituciones que se deben preservar. Nadie más que el pueblo tiene el derecho de cambiar esas instituciones.

Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que Puigdemont y sus consejeros perderán su autoridad institucional “cuando se publique el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. Entonces su relevo entrará en vigor, su cese será una realidad política y jurídica por mucho que quieran vivir en la ficción. No tendrán poder para firmar o adoptar decisiones válidas ni ejercer sus funciones, además de que dejarán de cobrar”.

Empresarios piden elecciones

En el mundo empresarial persiste el nerviosismo tanto con la estrategia trazada por las autoridades catalanas como por la respuesta que llegó desde Madrid con la aplicación del artículo 155. En un comunicado la agrupación empresarial catalana exigó la convocatoria inmediata de elecciones: A la salida de empresas se han unido la creciente fractura social y la posibilidad, real e inmediata, de un profundo deterioro del autogobierno. De no evitarlo, en los próximos días Cataluña puede encaminarse hacia una dinámica, prolongada e intensa, de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano. Sus consecuencias son imprevisibles pero, en cualquier caso, dramáticas en materia de autogobierno, convivencia, crecimiento económico y empleo.

Y advierten que un adelanto electoral “aportaría la serenidad que necesita una sociedad dominada por una desorientación y angustia generalizadas. Por esta razón, así como para retornar al camino de la concordia y el encuentro, tal como conviene a nuestros intereses colectivos y como ha señalado inequívocamente la Unión Europea, la única alternativa hoy es la convocatoria de elecciones.

Así lo transmitimos a la ciudadanía y lo solicitamos a los poderes públicos, con la esperanza puesta en que la prudencia política guíe sus actos. Nos jugamos en ello los avances sociales, políticos y económicos alcanzados durante nuestra vida en democracia.