En los trabajos de observación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado en los estados afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, se han detectado acciones y omisiones que podrían significar violaciones a las garantías de la población.

En un reporte reciente, el organismo nacional detalla algunas de esas afectaciones. En Oaxaca su personal visitó Juchitán, Tehuantepec, Ixtaltepec, Santiago Astata, Asunción de Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo, donde levantaron más de 50 actas circunstanciadas.

De éstas se desprenden, entre otras observaciones, la falta de transparencia y organización en la repartición de apoyos; de censos de la población afectada; necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle; falta de seguridad; deficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno; falta de cobertura en comunidades aledañas a los municipios, y sensación de abandono en las comunidades.

En Chiapas, el personal estuvo en Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá.

En Pijijiapan únicamente había 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que removían escombros y apoyaban el reparto de despensas a damnificados.

En la comunidad de Nueva Urbina hay 13 viviendas con daño total y 500 damnificados. En Tonalá se constató que 70 por ciento de la comunidad Paredón está afectada. En Arriaga resultaron perjudicadas 4 mil 800 casas, de las cuales 30 por ciento es pérdida total y hay 15 mil damnificados.

En Morelos se visitó Cuernavaca, Hueyapan, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Jumiltepec, Miacatlán, Ocuitulco, San Bartolo, Temixco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan del Amilpas.

Se recibieron dos quejas, en las cuales se señaló al DIF estatal como autoridad responsable del desvío de víveres a bodegas del gobierno de la entidad y contra el gobierno federal por no seguir los protocolos para la entrega de ayuda y remoción de escombros.

Elaboraron 31 actas circunstanciadas, de las cuales se desprende que es incierta la llegada de recursos económicos para la reconstrucción, la decisión de afectados de no pernoctar en albergues, sino en casas temporales de madera construidas por el gobierno o en viviendas de familiares o amigos, así como falta de apoyo de las autoridades.

En el estado de México se visitó los municipios de Calimaya, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Ocuilan, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, San Antonio la Isla, Tenancingo, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán. Se pudo observar que en la comunidad Reforma Agraria los servicios públicos resultaron averiados, incluyendo la carrera; en Tenango del Valle el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue lento en la emisión de dictámenes para determinar si pueden rehabilitarse o deberán derribarse inmuebles históricos, y en Ocuilan todas las escuelas están dañadas.

En Puebla, la CNDH estuvo en Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chielta, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa. Aquí se pudo comprobar la falta de coordinación para la entrega de documentación solicitada para la demolición de casas y que el INAH no había otorgado la documentación para la demolición de viviendas consideradas inmuebles históricos, además de la falta de transparencia en la entrega de apoyos.