Enrique Peña Nieto le gusta, pero, sobre todo, le conviene dejar huecos y retardar ciertas decisiones. Esa socarronería convenenciera es plenamente visible en el ámbito del combate a la corrupción. Hoy mismo, la República carece de tres funcionarios claves: no hay fiscal contra la corrupción, no hay fiscal contra delitos electorales y no hay procurador general en firme, sólo un encargado del despacho.

Peña Nieto no ha querido hacer nada a fondo contra la corrupción, y para ello se ha valido de enredos burocráticos y planes a largo plazo e igualmente ha alentado los conflictos retardantes entre grupos legislativos, para posponer las medidas realmente no deseadas.

Recuérdese que, a pesar de las promesas de campaña sobre el tema, tan vehementes como incumplidas, y de su obsesión por impulsar las reformas estratégicas que, entre otras cosas, propiciaron más corrupción (como ha sucedido, en especial, con las asignaciones petroleras a particulares), Peña Nieto mantuvo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la devaluación política y en una suerte de parálisis operativa de diciembre de 2012 a febrero de 2015, apenas con un subsecretario encargado del despacho, el priísta Julián Alfonso Olivas Ugalde.

Al menos en el papel, dicha secretaría tiene un lugar muy importante en el combate a la corrupción, pues vigila las actividades de los servidores públicos federales, determina la política de compras de la Federación, audita el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal, entre otras funciones (https://goo.gl/twpyMR). La prolongada tardanza en nombrar un secretario en forma, y darle fuerza a dicha secretaría, fue atribuida tramposamente a la intención de crear un Sistema Nacional Anticorrupción que, incompleto y vacilante, se formalizó en julio de este año, a menos de año y medio de que Peña Nieto entregue el poder.

Sin embargo, cuando Peña Nieto volteó los ojos a la abandonada SFP y nombró al primer secretario en forma, resultó peor, pues lo hizo para colocar ahí a un servicial personaje, Virgilio Andrade, con la orden de que declarase infundadas las acusaciones contra el propio Peña, su esposa Angélica Rivera y el vicepresidente ejecutivo, Luis Videgaray, respecto de compras, con tufo de corrupción, de residencias de lujo (la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y la casa de descanso de Malinalco) a una de las empresas contratistas favoritas del sexenio, Higa. Luego de sus faenas de fontanería, Andrade dejó el cargo y más adelante fue sustituido por Arely Gómez, quien dejó la procuraduría federal de justicia a otro amigo de Los Pinos, Raúl Cervantes Andrade, el fallido aspirante a fiscal transexenal que, después de renunciar, ha sido relevado por un encargado del despacho.

A este encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, le tocó ejecutar (un viernes, luego de haber llegado el lunes anterior a ese escritorio) una decisión que a todas luces rebasa su capacidad política de resolución. Correr al fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, fue una decisión que sólo pudo tomarse en el máximo nivel político del país, pues su significado y consecuencias van más allá de la corteza procesal de un árbol específico, el de la develación de actos, se dice que de presión, de un ex funcionario aún poderoso hacia un fiscal de asuntos electorales, y abarca, exhibe, el amplio bosque de la dispendiosa campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, en busca de una Presidencia de la República que más bien pareció comprada a base de billetazos, como en ese mismo año lo dijo el entonces presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero.

Nieto Castillo, proveniente de una franja académica y política relacionada con la izquierda electoral, resolvió casos en contra de intereses priístas en temas relativamente aceptables para Los Pinos. Pero la guillotina se dejó caer en su contra en cuanto dio a conocer que había sido presionado por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, para que lo declarara inocente de las averiguaciones que, con sustento documental en actas de Brasil, lo mencionan como receptor de millones de dólares, cuando era coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto, para apoyar la llegada al poder de un equipo que luego devolvería en contratos ventajosos el respaldo económico en tiempos electorales.

En estricto sentido jurídico es debatible, y tal vez susceptible de castigo administrativo, el hecho de que el fiscal Nieto Castillo haya difundido detalles de un procedimiento que debería llevar con sigilo. Además, el propio Lozoya ha difundido el texto de la carta que envió a Nieto y que éste dijo haber sido considerada como forma de presión, sin que el texto ya conocido muestre ese cariz.

Sin embargo, se prefiere centrar la vista en una parte del árbol para eludir la gran panorámica de la corrupción en general, de la referida a las campañas electorales priístas en particular y, muy en específico, de la campaña de Peña Nieto en 2012. Lo que el mexiquense busca es obstruir el curso de las investigaciones sobre el caso Odebrecht-Lozoya-PRI 2012, atribuir responsabilidades a personajes menores y mantener vigente la viabilidad impune del financiamiento corrupto a las campañas de 2018.

En un sistema de mafiosidad institucionalizada, como el que se vive en México, es probable que un fiscal tenga que develar detalles de las presiones de poder que le afectan, para fijar la atención en procesos en vías de ser desvirtuados. El propio Nieto Castillo ya había recurrido a algo parecido en noviembre de 2015, al dar a conocer que pedía orden de aprehensión contra Arturo Escobar, el entonces subsecretario de Gobernación que, como directivo del partido Verde había contrado 10 mil tarjetas Premia Platino para repartirlas entre votantes de 2012. A fin de cuentas, Escobar, aliado de Los Pinos, quedó sin mayor castigo. ¿Así sucederá con Emilio Lozoya? ¡Hasta mañana!

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