Madrid.

En un acto inédito y polémico, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció después de convocar a un Consejo de Ministros extraordinario que en los próximos días, previa autorización en el Senado, destituirá a todo el gobierno catalán, convocará a elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses y controlará las iniciativas en el Parlamento catalán a través de una comisión.

Las medidas para Madrid y sus aliados –en este caso el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos– son necesarias para restituir la legalidad, y que los independentistas y el resto del arco parlamentario han calificado de golpe de Estado y ataque gravísimo a la democracia.

Lo que se inició como un de-sencuentro por la entrada en vigor del nuevo estatuto de autonomía, en 2006, hoy se ha convertido en un conflicto enquistado y de difícil solución.

Mientras Cataluña reclamaba un gobierno más independiente y con más atribuciones, desde Madrid, y desde el derechista Partido Popular (PP, entonces en la oposición) se hizo todo lo posible por neutralizar cualquier atisbo de avance en el autogobierno catalán.

Tras años de desencuentros, la ruptura total se hizo patente ayer con el anuncio del gobierno español y con la respuesta de las instituciones catalanas, que anunciaron que se conjurarán para defender sus instituciones y sus derechos históricos.

Rajoy hizo su anuncio alrededor de las 10 de la mañana, luego de celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, que se prolongó unas tres horas.

Más tarde apareció ante los medios de comunicación para anunciar las medidas que adoptará el gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Justificó su actuación al afirmar que desde las instituciones catalanas se había violado sistemáticamente la legalidad y que éstas se habían situado fuera de la ley y de la Constitución.

Rajoy anunció que solicitará al Senado –que es el órgano parlamentario que regula las cuestiones territoriales– la destitución de todos los miembros del gobierno catalán, desde su presidente, Carles Puigdemont, hasta los consejeros que forman su gabinete.

Sus carteras y gestiones serán asumidas por los respectivos ministros españoles, al tiempo que controlará dos áreas muy sensibles para cualquier administración. La primera son los Mossos d’Esquadra, que es la policía autonómica, cuestionada por su reciente actuación en el referendo de autodeterminación. Se prevé la destitución del mayor Josep Luís Trapero, acusado del delito de sedición en la Audiencia Nacional.

La segunda será la asunción del control de la Radio y Televisión Pública catalana, que es el principal medio de difusión e información de la región, y que ha sido acusada desde las formaciones españolistas de hacer propaganda permanente en favor de la independencia.

Además, Rajoy propondrá al Senado que se apruebe una hoja de ruta para convocar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses, con las que se pretende recuperar la normalidad institucional y en la que serían elegidos los nuevos representantes públicos.

Por último, el mandatario español solicitó la creación de una comisión en el Senado que controle a su vez al Parlamento catalán, que verifique y autorice todas las iniciativas y sesiones que se celebran con el propósito de neutralizar cualquier movimiento en favor del proceso secesionista.

Rajoy explicó que no se suspende la autonomía ni el autogobierno, sino que se cesa a las personas que han puesto a esas organizaciones fuera de la ley y del Estatuto. Advirtió que si Cataluña se independizara, Cataluña abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio.

Origen del conflicto

Se ha llegado a este punto de no retorno a raíz de una serie de desencuentros de alto voltaje entre las autoridades catalanas y el gobierno español. Un conflicto que si bien es de carácter histórico, tiene su discurrir más reciente en 2006, cuando se aprobó un estatuto de autonomía por parte del Parlamento catalán, que fue impugnado por el derechista PP ante el Tribunal Constitucional (TC).

El órgano judicial emitió su veredicto cuatro años después, en 2010, y decidió modificar buena parte del articulado, sobre todo el apartado en el que se le reconocía a Cataluña su condición de nación.

A partir de ahí se inició un movimiento secesionista cada vez más amplio y beligerante, que ha evolucionado en los últimos años de forma extraordinaria. En menos de cinco años se ha pasado de 10 por ciento en favor de la secesión a las cifras actuales, que rondan 50 por ciento, en gran parte motivado por el desencuentro cada vez más hostil con el gobierno central de Rajoy.

La actual situación se derivó de las iniciativas planteadas en el Parlamento catalán en los plenos de los días 5 y 6 de septiembre, en los que la mayoría independentista aprobó dos leyes cruciales para su proyecto secesionista. La ley del referendo, con la que daban cobertura jurídica y legal a la consulta ciudadana, programada para el pasado primero de octubre y en la que preguntaron a la sociedad catalana si querían que Cataluña se convirtiera en una república independiente; y, la segunda, que era la ley de transitoriedad o de desconexión, que establecía los mecanismos, plazos y metodología para desvincular de forma paulatina a las instituciones catalanas de las españolas, en caso de haber sido mayoritaria la opción por la independencia en la consulta.

El contencioso legal llegó con la propia aprobación de esas dos leyes, que fueron de inmediato impugnadas por el aparato jurídico del Estado español, que decidió presentar sendos recursos ante el TC.

El TC a su vez acordó la suspensión temporal hasta que resolviera el fondo de la cuestión.

Con las dos leyes suspendidas y, por tanto, en un limbo legal, el gobierno de la Generalitat decidió seguir adelante con la consulta y sacar las urnas a los colegios electorales, a pesar de la prohibición y de la amenaza expresa del gobierno español, que movilizó más de 13 mil agentes policiales para intentar evitar la votación.

El día de la jornada electoral hubo diversos operativos represivos, que dieron la vuelta al mundo por su violencia y porque dejaron unas 900 personas lesionadas, las cuales tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.

Pese al despliegue policial, la consulta se celebró y votaron algo más de 2 millones 300 mil personas, que representan algo menos de 45 por ciento del electorado, y de los cuales 90 por ciento votó en favor de la secesión.

Las autoridades catalanas anunciaron entonces que cumplirían el mandato ciudadano y anunciaron la inminente declaración unilateral de independencia, que efectuarían según lo establecido en la ley del referendo.

Ésta proponía que el pronunciamiento de independencia se proclamara en sede parlamentaria y después de una votación del pleno. Pero en la sesión del 10 de octubre pasado, Puigdemont declaró la independencia, y ocho segundos después anunció su suspensión para iniciar una fase de diálogo con el gobierno español con el propósito de acordar el calendario de la secesión.

El pronunciamiento no se votó en el pleno y, a cambio, los 72 diputados en favor de la secesión firmaron un documento en un salón contiguo, en el que anunciaban el nacimiento de la nueva república catalana.

A partir de ahí, Madrid y Barcelona iniciaron un intercambio epistolar en el que el gobierno español le entregó dos requerimientos al catalán para que respondiera si había declarado o no la independencia en la sesión parlamentaria.

Las respuestas de Puigdemont fueron ambiguas, lo que desató el anuncio de ayer, con las medidas que se aplicarán con base en el artículo 155.

Consciente del carácter extraordinario de la medida, Rajoy obtuvo el apoyo del PSOE y de Ciudadanos (entre los tres representan algo más de 75 por ciento del Congreso de los Diputados).

Rajoy también logró el respaldo casi total de los países de la UE y de las principales instituciones europeas, que anunciaron de forma unilateral su rechazo a la independencia de Cataluña y respondieron con un no rotundo a la propuesta de las fuerzas independentistas para fungir de intermediarios en el conflicto.

Semana crucial

El plazo que se abre ahora es vital para ambas partes. Esta semana será crucial cuando se celebre este lunes un pleno del Parlamento catalán, en el que si se cumplen las advertencias de las fuerzas soberanistas se podría declarar la secesión unilateral, tensando aún más el conflicto.

En Madrid, ante el Senado se presentarán las propuestas del gobierno de Rajoy y de cumplirse los plazos previstos por la ley, se podría votar el viernes, para entrar en vigor el próximo sábado. Día en que se haría realidad tanto la destitución de los miembros del gobierno catalán como la creación de una comisión en el Senado que controlará las actividades del Parlamento catalán.

A pesar de la dureza de la medida, Rajoy logró el respaldo del principal líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, quien señaló que “el secesionismo es el Brexit de Cataluña”.

Sánchez también afirmó que con el PP no tiene ninguna diferencia en lo relativo a la integridad territorial de España.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió la medida como una aplicación necesaria de la ley, ya que aplicar la Constitución no es una opción sino una obligación. Y acusó a los separatistas de pretender subvertir el orden legal sin respetar nada.

Unidos Podemos mostró su malestar y preocupación profunda con la medida, por conducto de su secretario de Organización, Pablo Echenique, quien sostuvo que estamos ante la supresión de la democracia en Cataluña y en España. Su principal dirigente, Pablo Iglesias, escribió un mensaje en las redes sociales: El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones, y aleja aún más a Catalunya de España.