antiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), fue cesado ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) bajo la especie de violaciones al código de conducta ética de la dependencia.
La separación del cargo, ordenada por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se produce a unos días de que Castillo revelara presuntos detalles de la indagatoria abierta contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por presutos vínculos entre los sobornos que le habría entregado la constructora brasileña Odebrecht y el financiamiento de la campaña electoral de 2012.
La destitución del fiscal provocó reacciones inmediatas entre representantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Morena, quienes afirmaron que sus bancadas en el Senado buscarán usar su facultad legal para objetar la remoción del funcionario. Por su parte, el Partido Encuentro Social solicitó al gobierno federal que brinde información detallada de las causas que llevaron a tomar esta decisión.
De acuerdo con legisladores de las fuerzas políticas citadas, existe una relación causal entre la investigación abierta contra Lozoya Austin y el cese de Castillo Nieto, por lo que calificaron la maniobra de venganza política y ejemplo del uso faccioso de la justicia, que busca proteger al gobernante Partido Revolucionario Institucional.
Al margen de las acusaciones vertidas desde la oposición partidista, resulta innegable que la medida enrarece el ambiente político y vuelve a poner al sistema de procuración de justicia en el centro de las disputas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando apenas parecía superarse la crisis abierta por la pretensión, por parte del primero, de que el entonces procurador, Raúl Cervantes Andrade, fuera ratificado de manera automática al frente de la fiscalía general que habrá de surgir cuando se concrete la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014. En este sentido, no puede ignorarse que la destitución del encargado de la Fepade se produce cuatro días después de que se diera a conocer la renuncia de Cervantes Andrade a la procuraduría, y mientras la instancia de persecución del delito se encuentra acéfala.
Si se desea despejar cualquier sospecha acerca de motivaciones facciosas en el despido del hasta ayer encargado de perseguir los delitos cometidos en el ámbito electoral, en primer término las autoridades deben cumplir con su elemental obligación de informar oportunamente a la ciudadanía acerca de las razones de la medida. Asimismo, es necesario que se brinden plenas garantías de que las diversas investigaciones abiertas por Nieto Castillo continuarán de manera transparente, imparcial y creíble, evitando cualquier tentación de usar la caída del funcionario como pretexto para concluir de manera prematura las indagatorias.
