Ciudad Victoria, Tamps.

El juez de distrito Raymundo Serrano Nolasco difirió para este jueves la audiencia de juicio oral de carácter informativo que se celebraría ayer, con la cual se daría seguimiento al proceso de extradición del ex gobernador Eugenio Hernández Flores dentro del expediente 1/2017. El ex mandatario estatal es requerido por un juzgado de Texas acusado de los delitos de lavado de dinero, operar un negocio de remesas sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

El juzgador decidió diferir la audiencia debido a que el vinculado a proceso no presentó defensores y rechazó a los abogados de oficio nominados por el titular del Sistema Penal Acusatorio de la Federación.

Este miércoles en punto de las 6 de la tarde, el juez que conoce de la causa 1/2017 relacionada con la extradición de Hernández Flores dio por iniciado el juicio oral que fue interrumpido en dos ocasiones y luego se difirió para este jueves a las 9 de la mañana, en el cual podrán estar presentes los defensores de Hernández Flores.

Serrano Nolasco dijo que con base a los artículos primero y 119 de la Constitución Mexicana, y en el artículo 24 de la Ley de Extradición, difirió la audiencia y dio por concluida la sesión de ayer.

Eugenio Hernández argumentó que sus defensores estaban fuera de la ciudad y solicitó que el proceso continuara luego de un receso de 48 horas. El titular del juzgado de juicio oral denegó la petición, debido a que el ex gobernador no argumentó los motivos de la ausencia de su defensa y rechazó a los defensores de oficio.

En la audiencia estuvieron presentes Gerardo Ruiz Carroba y Elías Trinidad González, fiscales de la Procuraduría General de la República.

Por la mañana, el juez de distrito Rodrigo Allen Ortiz Orozco concedió una suspensión de amparo contra el auto de formal prisión dictado contra Eugenio Hernández por el juez Juan Manuel Ham Cortés, titular del juzgado segundo penal de primera instancia, donde el ex gobernador enfrenta la causa 67/2017 por los supuestos delitos de peculado y uso de recursos ilícitos.

De esta forma, el ex mandatario de Tamaulipas ganó tiempo en su lucha legal para no ser procesado por la presunta apropiación de mil 600 hectáreas ubicadas en el puerto de Altamira que adquirió durante el segundo año de su sexenio (2005-2010).