El relator especial de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza, Philip Alston, advirtió que en el mundo quienes viven en pobreza tienen más riesgo de ser víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, muerte prematura y violencia doméstica.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemoró ayer, el experto señaló en un pronunciamiento que incluso grupos de derechos humanos han tenido fallas para identificar el vínculo entre las violaciones de los derechos civiles y políticos y la pobreza. Alston presentará a la Asamblea General un informe sobre el tema a finales de este mes. Agregó que es sorprendente que a 25 años de la creación de esta efeméride por la Organización de las Naciones Unidas aún queden pendientes.

Una persona en pobreza, sostuvo, tiene más probabilidades de ser arrestada y procesada por un delito y menos posibilidades de pagar un abogado. También enfrenta barreras adicionales al querer votar y, a menudo, carece de influencia en la toma de decisiones políticas.

En resumen, es mucho más probable que las personas de clases socioeconómicas más bajas sean asesinadas, torturadas o sufran una invasión a su privacidad, y tienen muchas menos probabilidades de ejercer su derecho al voto o de participar en procesos políticos.

Indicó que las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo –como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos–, así como los gobiernos, a menudo ignoran las violaciones a los derechos civiles y políticos de quienes viven en esta condición, con terribles resultados.

“En primer lugar, las organizaciones de derechos humanos han asumido que la pobreza puede explicarse exclusivamente a causa de diversas formas de discriminación. Pero esta visión limitada es insuficiente para entender las consecuencias específicas de las diversas formas de discriminación que experimentan diariamente quienes luchan contra la miseria.

En segundo, los gobiernos, los órganos de derechos humanos de la ONU y las organizaciones de garantías fundamentales han ignorado que las disposiciones claves de los principales tratados prohíben la discriminación por origen social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. El resultado es que la discriminación basada en la clase socioeconómica casi nunca forma parte de ningún análisis.