a multitud enarbola pancartas contra el presidente de la república, Jimmy Morales, y en una de ellas, donde figura su fotografía, han agregado un botón rojo a su nariz, recordando su pasado de comediante profesional de la televisión. Él tampoco parece olvidarlo, porque el año pasado, en la tarima donde presidía las celebraciones del día del ejército, se puso a marchar al son de la banda militar, a paso de tropa, frente a la mirada divertida del ministro de Defensa, general Williams Mansilla.
Otra vez la gente está en las calles y en las plazas de Guatemala en rebelión cívica, como cuando las protestas multitudinarias dieron al traste con el gobierno del general Otto Pérez Molina, obligado a renunciar junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en la cárcel acusados de corrupción.
Se avecinaban entonces las elecciones presidenciales y la escogencia de los electores vino a ser limitada. Por eso votaron por el comediante, que se proclamaba de manera altisonante ni corrupto ni ladrón
, sólo para resultar al poco tiempo subido al mismo carrusel.
Su hermano Samuel y su hijo José Manuel fueron enjuiciados en enero de este año acusados de malversar fondos públicos: por medio de una empresa llamada Fulanos y Menganos SA, cobraron al Estado 564 desayunos que nunca se sirvieron, e igual número de canastas navideñas inexistentes. Armado siempre de sus extraños dotes histriónicos, el presidente compara su situación con la del general franquista José Moscardó, cuyo hijo fue tomado como rehén por las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil española, mientras él se hallaba sitiado en el Alcázar de Toledo.
Las cosas se le complicaron de verdad hace poco, cuando, en defensa de la soberanía nacional
decidió declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, afamado por su rectitud, en represalia porque la comisión decidió investigar el financiamiento ilícito del partido de Morales durante la campaña presidencial de 2015.
La Cicig, que depende directamente del secretario general de las Naciones Unidas, y actúa de manera independiente según lo garantiza una ley de la república, tiene el impresionante récord de haber llevado más de una docena de casos judiciales, con el apoyo del Ministerio Público, en los que se han visto involucrados funcionarios gubernamentales de diversas categorías, empezando por presidentes de la república, y ha logrado someter a juicios por corrupción a unos 300 implicados, entre políticos, ministros, empresarios, diputados y alcaldes.
El panorama se ha oscurecido para el antiguo cómico. La gente salió a las calles en protesta por la orden de expulsión contra Velásquez. El canciller Carlos Raúl Morales se negó a despachar la notificación y renunció, junto con otros miembros del gabinete, y por fin, la Corte Constitucional anuló la medida mediante un amparo presentado por Justicia Ya, una organización juvenil defensora de los derechos civiles.
En una maniobra notable por su descaro, Morales logró mayoría en el Congreso Nacional para pasar de emergencia una reforma a la ley electoral que establecía como únicos responsables de casos de financiamiento ilícito ¡a los contadores de los partidos!, librando de antemano de toda culpa a los dirigentes y a los candidatos. Además, mediante otra reforma en paralelo al código penal, la condena, reducida a 10 años de cárcel, podía ser redimida con una multa.
La prisa de los legisladores no los llevó a ver que bajo esta medida de convertir la prisión en multa, resultaban beneficiados también los autores de más de 400 delitos tipificados, según declaró el Ministerio Público, entre ellos violadores de niños, traficantes de órganos, diversas variantes de homicidas, estafadores, y culpables de peculado y cohecho, quienes sólo tendrían que pagar 2 mil 400 dólares por cabeza para librarse de la cárcel. La impunidad repartida a manos llenas.
Ante la formidable presión ciudadana expresada en las calles y en las redes sociales y la protesta de organizaciones cívicas y gremios, los diputados se apresuraron a mostrarse arrepentidos. Se trataba de un error, anunciaron, que sería enmendado mediante una nueva ley. Nadie les creyó, y más bien la gente puso sitio al recinto legislativo exigiéndoles renunciar. La Corte Constitucional, sin darles tiempo a probar su arrepentimiento, anuló por unanimidad las dos reformas porque podían causar daños irreparables al sistema de justicia
.
¿Faltaba algo más? La publicación electrónica Nómada descubrió que Morales recibía en secreto de parte del alto mando del ejército un bono extraordinario de responsabilidad y riesgo
de 7 mil dólares mensuales, adicional a su salario de 20 mil dólares. El enardecimiento popular creció de temperatura. De inmediato, la Contraloría declaró ilegal el bono. Y el presidente, colocado ya al borde del abismo, anunció que devolvería todos los sobresueldos.
La moraleja fundamental de todos estos hechos donde se alternan el descaro, la corrupción, y la falta de respeto institucional, como si todo fuera un gran circo, es que desde las graderías la gente no se traga el espectáculo, y baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función.
La muchedumbre impidió las celebraciones oficiales de la independencia, llegando a asaltar la tarima presidencial antes del arribo de Morales. Y las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas, en burla de las leyes y la Constitución.
Otra buena noticia es que hay instituciones claves que rehúsan someterse. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, son entidades vitales al funcionamiento democrático que no han sido doblegadas.
En un país tan asediado históricamente por la violencia y la descomposición como Guatemala, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país. Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña y los desmanes, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.
La democracia, otra vez está en las calles.
Buenos Aires, septiembre de 2017
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